El Gobierno de Boric busca fundar una empresa 100% estatal para la explotación del litio en Chile

La Administración de Gabriel Boric, a 13 meses de su instalación, ultima los detalles para dar a conocer antes de fines de abril su política nacional sobre el litio, una de las materias primas más codiciadas en el mundo por su masivo uso en las baterías eléctricas. Es una carrera contra el tiempo, porque existe consenso respecto de que el país sudamericano no puede dejar pasar esta oportunidad: las ventas de carbonato de litio desde tierras chilenas en 2022 alcanzaron los 7.763 millones de dólares, un alza de 777% respecto de 2021. Y la carrera por quién se posicionará como el líder regional en esta industria está desatada. Chile es el segundo productor a nivel mundial, tras Australia y por delante de China, pero Argentina le pisa los talones. Según un informe del banco estadounidense JP Morgan de febrero pasado, en 2030 la producción argentina superaría a la chilena.

“Pronto daremos a conocer una Política Nacional del Litio que significa que el Estado asumirá un rol preponderante en la exploración y explotación de este recurso minero no metálico, en colaboración con el sector privado”, escribió el presidente Boric en una columna en EL PAÍS a fines de marzo. “Tenemos la segunda reserva de litio más grande del mundo y nuestra tarea es convertirnos en el mediano plazo en el más grande productor de litio a escala planetaria”.

La explotación del litio en Chile se ha transformado en los últimos años en un asunto de la primera línea de la agenda pública, luego de que en 2015 explotó una trama de financiamiento irregular de la política a través de la Sociedad Química y Minera, SQM, enfocada en el mineral no metálico y de propiedad del controvertido empresario Julio Ponce Lerou, exyerno del dictador Augusto Pinochet. El Gobierno de izquierdas de Boric llegó al poder en marzo de 2022 con el convencimiento de que el recurso debía ser manejado por el Estado. Pero como ha sucedido en otros ámbitos, el programa original ha incorporado matices con el tiempo.

El presidente anunció la creación de la una Empresa Nacional del Litio en su cuenta pública anual ante el Congreso del 1º de junio de 2022. Desde entonces, diversas autoridades de Gobierno se han referido al tema, incluido el mandatario, y han dejado en claro que los privados tendrán su lugar en esta industria. La ministra de Minería, Marcela Hernando, ya adelantó algunas de las definiciones. En su presentación ante la comisión de minería de la Cámara de Diputados, esta semana aseguró que “la Empresa Nacional de Litio, como empresa, será 100% estatal, lo que no significa que para distintos salares o trabajos pueda asociarse”. “Ahí aparece la asociación público-privada”, agregó la secretaria de Estado.

Las palabras de la líder de la cartera bajaron las expectativas de las compañías ligadas a esta industria, que apostaban a que podría existir espacio para participar de la propiedad de la nueva iniciativa. En los últimos meses, varios de los principales actores mundiales de la explotación del litio realizan un intenso lobby ante autoridades chilenas para no quedar fuera de esta política.

No cualquier empresa, sin embargo, podrá participar de los proyectos público-privados que contempla la política del litio del Gobierno. Para esta Administración resulta fundamental el cumplimiento de estándares ambientales, en particular el manejo hídrico. Es un punto clave en el contexto de la grave sequía que atraviesa el país, porque se calcula que cada tonelada de litio requiere la evaporación de dos millones de litros de agua. Frente a este asunto, la ministra Hernando resaltó en su presentación ante los diputados que cualquier empresa que quiera participar de esta industria deberá hacerlo a través de extracción directa y no a través de evaporación, como se explota actualmente en el salar de Atacama, en el norte de Chile, donde se ubican el 90% de las reservas de litio del país.

En cualquier caso, el Gobierno de Boric deberá sortear varias trabas antes de materializar una Empresa Nacional del Litio 100% estatal. El proyecto para fundar una nueva compañía deberá necesariamente pasar por el Congreso, donde no tendrá un camino fácil. La ley requerirá de quórum calificado, el oficialismo no tiene mayoría y la oposición no se ha mostrado abierta a aprobarla.

Bajo este cuadro complejo, la Administración de izquierdas evalúa diferentes alternativas. “Hoy tenemos herramientas que nos permiten hacer las cosas a través de Codelco [la cuprífera estatal] y Enami [la Empresa Nacional de Minería]”, aseguró la ministra Hernando.

La empresa de cobre estatal, Codelco, controla actualmente el 18% del salar de Maricunga, ubicado en la región de Atacama. En febrero de 2022, inició su fase de exploración de litio, ya tiene constituida su filial Salar de Maricunga SpA –que le permite viabilizar proyectos– y se estima que en el primer semestre de este año empezará a definir su modelo de negocio.

“En función de las definiciones que el Gobierno tome en el litio, obviamente que Codelco va a estudiar inmediatamente cómo contribuir al éxito de esa política”, ha dicho el presidente de Codelco, Máximo Pacheco. Respecto de Maricunga, Pacheco ha señalado: “Un rol importante de Codelco es contribuir a articular y asociar los esfuerzos de otras empresas que tienen interés ahí y han desarrollado su trabajo de exploración. En la definición del modelo de negocios, probablemente vamos a buscar de qué forma Codelco es capaz de articular a otras empresas para trabajar en conjunto este proyecto”.

Enami, en tanto, ya trabaja con la pequeña y mediana minería empujando proyectos de exploración y explotación de otros minerales.

La nueva política nacional sobre el litio se haría pública la próxima semana, tras varios aplazamientos. A principios de marzo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que sería dentro de ese mes, lo que no ocurrió. La tardanza en dar a conocer la propuesta se explica, entre otros asuntos, por las tensiones que existen dentro del propio oficialismo frente a la explotación del litio. Por un lado, el ala más de izquierda del Gobierno, compuesta por el Partido Comunista y el Frente Amplio de Boric, prefieren que sea principalmente el Estado quien controle el litio chileno y que, si existe participación de privados, ésta sea mínima. Mientras, los moderados del socialismo democrático –que reúne al Partido Socialista, PPD, a los radicales y liberales–, abogan por una mayor injerencia de los privados en los proyectos de exploración y explotación.

Actualmente, solo dos empresas explotan litio en Chile: la Sociedad Química y Minera, SQM, controlada por la china Tianqi y el controvertido Ponce Lerou, y la estadounidense Albemarle. Debido al boom de este mineral, en 2022 ambas empresas habrían aportado casi 6.000 millones de dólares al Fisco chileno, entre impuestos y los contratos de arriendo que pagan a Corfo, la agencia estatal que tiene la concesión del 55% del salar de Atacama. Solo SQM, que hoy explota el 65% en este lugar, ha informado que su aporte al Estado chileno fue de 5.000 millones de dólares el año pasado. La suma, sin embargo, ha sido puesta en duda por Marcel, el poderoso ministro de Hacienda.