Madrid podrá contratar con empresas que incumplan la Ley de Transparencia
El Gobierno central obliga al regional a modificar la norma al considerar que invade sus competencias
El Gobierno del Estado y el de la Comunidad han acordado modificar la Ley de Transparencia regional, eliminando la previsión que inhabilitaba durante un año para contratar con la Administración a las empresas que cometan infracciones muy graves. El cambio, que debe ser aprobado en la Asamblea regional, fue exigido por el Ejecutivo de la nación, al entender que se invadían sus competencias. En consecuencia, las dos partes llegaron a un acuerdo en su comisión bilateral, evitando que la disputa llegara al Tribunal Constitucional.
"La Comunidad de Madrid asume el compromiso de promover la correspondiente iniciativa legislativa para proceder a la supresión del inciso para contratar con las Administraciones Públicas del artículo 84.2.a).3 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid". Ese párrafo, publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el regional, resuelve una discrepancia competencial entre el Estado y la Comunidad y abre la puerta a que la Administración regional pueda contratar con empresas y sujetos sancionados por incumplir la nueva norma que entró en vigo...
"La Comunidad de Madrid asume el compromiso de promover la correspondiente iniciativa legislativa para proceder a la supresión del inciso para contratar con las Administraciones Públicas del artículo 84.2.a).3 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid". Ese párrafo, publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el regional, resuelve una discrepancia competencial entre el Estado y la Comunidad y abre la puerta a que la Administración regional pueda contratar con empresas y sujetos sancionados por incumplir la nueva norma que entró en vigor el 1 de enero.
"La Comunidad de Madrid, a petición de la Administración General del Estado, adecua su normativa de transparencia al orden de competencia que determina la Constitución", explican desde la Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno, que dirige el vicepresidente, Ignacio Aguado. "La decisión de la Comunidad de Madrid resuelve una vulneración en materia de contratación. Es el Estado y solo el Estado quien puede determinar los supuestos de imposibilidad de contratar. No lo puede hacer una ley autonómica", amplían sobre la causa del desencuentro. "Ante esa disyuntiva, se ha optado por eliminar ese supuesto de inhabilitación de contratación no por no considerarlo oportuno o necesario, sino por una cuestión competencial".
El cambio, recuerdan desde la Comunidad, no impedirá que el Gobierno sancione a las empresas infractoras con multas de hasta 300.000 euros, o que las inhabilite para beneficiarse de ayudas públicas.
La Ley de Transparencia, que fue aprobada durante el Gobierno de Ángel Garrido, es de obligado cumplimiento para los partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones de las Administraciones Públicas de la Comunidad. La normativa recoge específicamente el caso de los adjudicatarios de contratos del sector público. Modificar su contenido dependerá ahora de la Asamblea.
Veto parental
La Cámara, precisamente, vuelve a reunir hoy a su plenario tras el parón de las Navidades. La sesión de control al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso estará marcada por las exigencias de Vox para apoyar los Presupuestos, que incluyen que el Ejecutivo impulse el veto parental educativo.
En paralelo, la Asamblea ha admitido a trámite como propuesta ciudadana la iniciativa de la asociación Hazte Oír para exigir la implantación de esa polémica medida, a la que se opone el Gobierno regional, que considera suficiente que los padres conozcan las actividades de cada colegio antes del inicio de cada curso.
"Ir más allá es un absurdo", opinó ayer el consejero de Educación, Enrique Ossorio.
Una vez calificada la iniciativa por la Mesa, se dará traslado a la Comisión de Participación y, si este órgano da luz verde a la propuesta, se elevará de nuevo a la Mesa del Parlamento, que ordenará su remisión a los grupos parlamentarios.
Para que la iniciativa sea debatida en pleno o comisión, algún partido debe asumirla como propia, lo que previsiblemente hará Vox. En ese caso, se convertirá en una proposición no de ley, un tipo de iniciativa sin rango legal ni capacidad ejecutiva, que, en el caso de ser aprobada, insta al Gobierno a hacer algo, pero no lo obliga a realizarlo.