La fiscalía pide 20 años para un acusado de secuestrar a una mujer en un burdel
Sobre el hombre pesaba una orden de busca y captura por una violación en Rumanía
Un hombre de nacionalidad rumana, C.C., se enfrenta a una petición de 19 años y nueve meses de cárcel por una serie de delitos cometidos contra su expareja, a la que presuntamente obligaba a ejercer la prostitución y entregarle el dinero. Incluso, llegó a secuestrar a la víctima en las inmediaciones de un club de alterne de Lugo en noviembre de 2017.
Se trata del principal encausado en el juicio que se celebrará entre el lunes 1 y el martes 2 de julio en la Audiencia Provincial de A Coruña. Junto con C.C. ta...
Un hombre de nacionalidad rumana, C.C., se enfrenta a una petición de 19 años y nueve meses de cárcel por una serie de delitos cometidos contra su expareja, a la que presuntamente obligaba a ejercer la prostitución y entregarle el dinero. Incluso, llegó a secuestrar a la víctima en las inmediaciones de un club de alterne de Lugo en noviembre de 2017.
Se trata del principal encausado en el juicio que se celebrará entre el lunes 1 y el martes 2 de julio en la Audiencia Provincial de A Coruña. Junto con C.C. también se sentarán en el banquillo de acusados otras ocho personas para las que se solicitan penas de entre cinco y tres años de prisión.
C.C. fue detenido en junio de 2018 tras permanecer fugado desde noviembre de 2017, cuando la víctima fue secuestrada en un club de alterne de O Corgo donde ejercía la prostitución. Sobre él pesaba una orden de busca y captura internacional por un delito por el que había sido condenado en su país de origen, Rumanía.
Los hechos, según recoge el escrito de fiscalía, se remontan al año 2017, cuando C.C. mantenía una relación sentimental con una mujer, también natural de Rumanía, a la que maltrataba físicamente y obligaba a ejercer la prostitución por varios clubes de alterne de Galicia.
Además de "golpearla de modo frecuente con las manos", el acusado exigía que la víctima le entregase el dinero procedente de su actividad en los clubes bajo amenazas de que sería agredida en caso de no hacerlo.
La víctima era trasladada de un club a otro por C.C, que recibía ayuda por parte de las otras personas encausadas. En septiembre de 2017, el principal acusado, acompañado por A.C. y C.N., se desplazó a un prostíbulo de Lugo donde se encontraba la víctima, a quien introdujeron en contra de su voluntad en el vehículo para trasladarla a Betanzos. Durante el trayecto, C.C. agredió a su expareja.
En Betanzos fue retenida durante cinco días en una vivienda en la que residía una pareja que también será juzgada. Los acusados hacían turnos para velar por que la víctima no saliese de la casa. Esta situación terminó, según el escrito del Ministerio Fiscal, cuando la joven convenció a C.C. para reanudar su relación sentimental.
Durante el mes siguiente, en octubre de 2017, continuaron las exigencias para que ejerciese la prostitución en un club de las inmediaciones de Lugo y entregase el dinero que obtenía por ello.
Según la investigación dirigida por la juez de Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara, en funciones de guardia, el 2 de noviembre de 2017, los acusados C.C., D.I.F. y G.M. acudieron al club Tritón de O Corgo para presuntamente secuestrar a la joven mientras esta fumaba en las inmediaciones del establecimiento. Tras ser obligada por la fuerza a introducirse en el coche, la víctima fue llevada a una vivienda situada en Sigüeiro --Oroso (A Coruña)-- donde residían otras dos personas que también se enfrentan a peticiones de cárcel.
Allí, la víctima permaneció retenida dos días hasta que fue liberada por los residentes en el domicilio "al tener conocimiento de las noticias" publicadas en los medios comunicación sobre el rapto de la joven en el club de Lugo.
El principal acusado, C.C., permanece en prisión preventiva desde junio de 2018, y para él pide fiscalía un total de 19 años y nueves de cárcel por los delitos de malos tratos habituales, extorsión continuada, prostitución, dos delitos de detención ilegal, otro de lesiones en el ámbito familiar, un delito leve de maltrato de obra y, finalmente, otro de lesiones.
Para el resto de acusados, el Ministerio Público solicita penas que van de los cinco a los tres años de cárcel por participar, en diferente grado, en los delitos a los que se enfrenta el principal encausado.