La Fiscalía mide sus opciones para revertir el tercer grado de Oriol Pujol

Oriol Pujol Ferrusola se ha adaptado con una facilidad pasmosa a la vida carcelaria. Entre el ejercicio físico -el deporte llena sus horas- y las clases de idiomas, el paso del quinto hijo del expresident Jordi Pujol por el módulo 7 de Brians 2 ha sido relativamente ligero. También es cierto que el hombre que se postulaba para suceder a Artur Mas no ha tenido ocasión de sentir el lento y pesado paso del tiempo entre rejas: después de solo dos meses, la Generalitat le ha concedido el tercer grado. El exdiputado debe amoldarse ahora a una realidad aún extraña, pero más amable: pasar el ...

Oriol Pujol Ferrusola se ha adaptado con una facilidad pasmosa a la vida carcelaria. Entre el ejercicio físico -el deporte llena sus horas- y las clases de idiomas, el paso del quinto hijo del expresident Jordi Pujol por el módulo 7 de Brians 2 ha sido relativamente ligero. También es cierto que el hombre que se postulaba para suceder a Artur Mas no ha tenido ocasión de sentir el lento y pesado paso del tiempo entre rejas: después de solo dos meses, la Generalitat le ha concedido el tercer grado. El exdiputado debe amoldarse ahora a una realidad aún extraña, pero más amable: pasar el día en libertad y las noches en la celda. La Fiscalía examina ahora sus opciones de recurrir con éxito la decisión ante el juez de vigilancia penitenciaria.

Condenado a dos años y medio de cárcel por aceptar sobornos en el caso ITV, el Departamento de Justicia otorgó el régimen de semilibertad a Oriol Pujol cuando apenas habían pasado 65 días desde su ingreso. Lo hizo con el aval preceptivo (y unánime) de la junta de tratamiento del penal de Sant Esteve Sesrovires. Tratándose de un miembro de la familia Pujol, la decisión ha suscitado toda clase de suspicacias. Y ha despertado una discreta polvareda política, menos estruendosa de la que provocaron en su día otras salidas precipitadas de corruptos catalanes como el expresidente del Barça Josep Lluís Núñez o los exdirectivos de Ferrocarrils.

A Oriol Pujol no se le han concedido permisos antes de la cuenta -son habituales cuando un preso cumple un tercio de la pena- sino que se le ha colocado, directamente, en la casilla de salida. Cuando un reo ingresa en la cárcel, el centro tiene dos meses para fijar su “clasificación” inicial: primer grado -reservado para los más peligrosos o los que no se adaptan-; segundo grado -u ordinario, aplicado a la mayoría de internos- y tercer grado, que es el más favorable y permite acudir solo a dormir. En el caso del exdiputado, además, su pernoctación en un centro abierto -ya no en Brians 2- será solo de lunes a viernes. Durante el día trabajará y participará en actividades formativas, pero aún bajo la tutela y los controles de la administración.

Tras el aval de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima (Justicia), el jueves la junta de tratamiento hizo efectiva la decisión. Oriol Pujol abandonó Brians 2 el viernes a las 8.15. La Generalitat defiende la decisión y recuerda que, en Cataluña, uno de cada tres condenados comienza a cumplir la pena en tercer grado (799 de 2.635 en 2018). Los factores que se tienen en cuenta son la longitud de la pena, el riesgo de reincidencia, las características personales y sociales del penado, si es su primer ingreso en un centro, el apoyo familiar con el que cuenta, si tiene trabajo, la conducta dentro de la cárcel y su participación con el programa individual de tratamiento.

La Fiscalía analizará la documentación que avala la salida del ex número dos de Convergència. Dispone de un mes para presentar recurso ante el juez de vigilancia penitenciaria. Fuentes cercanas al caso dan por hecho que lo hará, pero admiten que topa con algunas dificultades para que prospere. Sobre todo porque, en los casos en los que la condena es inferior a cinco años, los recursos no paralizan la decisión de la Generalitat. Pero hay otros problemas. “Antes, en casos de corrupción, Prisiones clasificaba al reo en apenas dos o tres días. Es un tiempo insuficiente para decidir si alguien cumple los requisitos del tercer grado. Y los jueces nos daban la razón”. Pero ahora, los responsables penitenciarios, añaden esas fuentes, “han aprendido la lección”. Y dejan pasar casi el tiempo máximo previsto por la ley para clasificar a un reo (dos meses) antes de tomar una decisión. En el caso de Oriol Pujol, la junta de tratamiento le clasificó a los 57 días de su ingreso.

El daño a la sociedad

Fuentes de la Fiscalía ven en esa maniobra una “argucia” y razonan que, si quieren frenar el tercer grado, deberán acudir a “otros argumentos” y examinar el fondo del asunto. Esas fuentes recuerdan que el Tribunal Constitucional desaconseja el tercer grado si no se han cumplido todos los objetivos de la pena: la rehabilitación, la prevención especial (evitar que el individuo se “corrija” y no vuelva a delinquir) y la llamada prevención general, que alude a los efectos disuasorios sobre la sociedad. Los fiscales creen que el caso puede generar alarma social precisamente por el escaso castigo al político corrupto y creen que puede ser uno de los caminos del recurso.

Hay precedentes en Cataluña. En enero de 2015, la Fiscalía pidió revocar el tercer grado concedido a Josep Lluís Núñez -condenado a dos años y dos meses de cárcel por sobornar a inspectores de Hacienda- después de pasar solamente 38 días en la cárcel de Quatre Camins. El constructor y expresidente del Barça (ya fallecido) topó con la juez de vigilancia penitenciaria, que advirtió del “reproche social y penal” de sus delitos y recordó que el castigo debe ser de “utilidad social” y de “intimidación del delincuente”.

La Generalitat también socorrió con un rápido tercer grado a dos expresidentes de Ferrocarrils, Enric Roig y Antoni Herce, condenados a cuatro años y medio de cárcel por embolsarse 2,7 millones de euros de un fondo de pensiones ilegal. Tras 48 días entre rejas, se les concedió el régimen de semilibertad. Pero la justicia lo tumbó también, en el caso de Herce, por la “escasa fracción de condena cumplida” y por la gravedad del delito. Como en el caso de Núñez, los jueces consideraron que no había asumido del todo su responsabilidad en lo sucedido. La fiscalía argumentó que el supuesto “arrepentimiento” se debía “más al temor al castigo que al rechazo de la actividad delictiva”.