Madrid gasta 28 millones en pruebas genéticas, fisioterapia y rehabilitación en centros privados
El Ejecutivo derivó pacientes de la sanidad pública a esos hospitales en 2016 y 2017
La Comunidad de Madrid gastó 28,66 millones de euros entre 2016 y 2017 en pagar a hospitales privados para que atendieran a pacientes del sistema de sanidad público que necesitaban pruebas diagnósticas por imagen —ecografías, tacs o resonancias—; pruebas genéticas para encontrar donantes compatibles de médula ósea; tratamientos de fisioterapia; o de rehabilitación. Esa cifra, que no incluye los programas globales de la consejería o los millonarios acuerdos firmados para incluir a hospitales privados en el sistema público mediante concesiones o convenios, también sirvió para financiar cirugías ...
La Comunidad de Madrid gastó 28,66 millones de euros entre 2016 y 2017 en pagar a hospitales privados para que atendieran a pacientes del sistema de sanidad público que necesitaban pruebas diagnósticas por imagen —ecografías, tacs o resonancias—; pruebas genéticas para encontrar donantes compatibles de médula ósea; tratamientos de fisioterapia; o de rehabilitación. Esa cifra, que no incluye los programas globales de la consejería o los millonarios acuerdos firmados para incluir a hospitales privados en el sistema público mediante concesiones o convenios, también sirvió para financiar cirugías menores, según una respuesta oficial del Ejecutivo tras una petición de información de EL PAÍS a través del portal de transparencia de la Comunidad de Madrid.
“Estas son las actividades que los hospitales mandan hacer fuera de los hospitales públicos y de los cinco hospitales de gestión privada [que atienden pacientes del sistema público a través convenios o concesiones]”, resumió José Manuel Freire, portavoz de sanidad del PSOE en la Asamblea, médico y profesor en la escuela nacional de sanidad. “Son en gran medida pruebas o tratamientos de fisioterapia, porque hay hospitales que por lo que sea no dan abasto y deciden comprar [servicios] fuera”, añadió. “Pero todos esos datos escaman”, lamentó al comparar el balance hecho público por el Ejecutivo con las cifras de ejecución presupuestaria de 2017. “No concuerdan”.
En 2016, y según su respuesta a través del portal de transparencia, el Gobierno gastó en estas derivaciones de pacientes de la sanidad pública a centros privados 15 millones de euros. En 2017, la cifra dedicada a asistencia sanitaria y servicios sociales con medios ajenos fue de 13,66.
Según los expertos, la mayoría de esas derivaciones respondieron a que las máquinas de pruebas por imagen se hubieran estropeado en los hospitales públicos, a que su personal no pudiera atender la demanda de pacientes por lo exiguo de la plantilla, o a un intento de mantener controladas las listas de espera.
Complemento
“Esto funciona así en todo el sistema nacional de salud, no es una particularidad de Madrid: el sistema público, con recursos públicos, se apoya en el privado, como complemento”, explicaron desde la consejería de salud de la Comunidad de Madrid, que dirige Enrique Ruiz-Escudero. “Ofrece la flexibilidad para dar la mejor atención al paciente en aquellos casos en los que el recurso público, por capacidad o por tiempo, no puede darla”, añadieron en defensa de un sistema criticado por los partidos de la oposición y los sindicatos. “Y la cifra está bajando por el incremento de la actividad propia”, remataron.
Las Comunidades Autónomas de Madrid, Cataluña y las Islas Baleares son, por este orden, las que presentan un mayor grado de privatización sanitaria desde hace cinco años, según un informe publicado este año con datos de 2016 y 2017 por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp).