El presidente del colegio de veterinarios desvió fondos a empresas fantasma

El expresidente del Colegio de Veterinarios y el extesorero abonaron medio millón de euros a constructoras por realizar unas supuestas obras en el edificio

Josep Antoni Gómez Muro.josep ramon aguirre / OCV

La visita de los inspectores de Hacienda fue inesperada. Lo que tenían que anunciarles, también: el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona (COVB) debía abonar más de 110.000 euros en impuestos por facturas pagadas a unas empresas constructoras que, teóricamente, habían ejecutado obras en la sede de la entidad. Pero nadie en la junta directiva era consciente ni de esos pagos ni de unos trabajos que, se sospecha, nunca existieron.

Entre 2014 y 2016, el presidente, Josep Antoni Gómez Muro, y su tesorero, Jordi Vilà, abonaron más de medio millón de euros a diferentes empresas por supu...

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La visita de los inspectores de Hacienda fue inesperada. Lo que tenían que anunciarles, también: el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona (COVB) debía abonar más de 110.000 euros en impuestos por facturas pagadas a unas empresas constructoras que, teóricamente, habían ejecutado obras en la sede de la entidad. Pero nadie en la junta directiva era consciente ni de esos pagos ni de unos trabajos que, se sospecha, nunca existieron.

Entre 2014 y 2016, el presidente, Josep Antoni Gómez Muro, y su tesorero, Jordi Vilà, abonaron más de medio millón de euros a diferentes empresas por supuestas obras para mejorar las instalaciones del colegio, en la avenida República Argentina de Barcelona. Hacienda cruzó datos y comprobó que estaba pendiente el pago de IVA y del impuesto de sociedades. La sospecha de la Agencia Tributaria es que tanto las facturas como las obras son falsas. Y que las compañías contratadas no son más que “empresas fantasma”, o sea, sin empleados ni estructura alguna.

Gómez Muro y Vilà actuaron, presuntamente, a espaldas de la junta directiva, que cuando conoció la situación por boca de los técnicos de Hacienda les destituyó y anunció la puesta en marcha de una investigación. Esas decisiones fueron ratificadas, el 6 de septiembre, por la asamblea general del COVB, que ha acordado emprender “acciones legales” contra el tesorero y el presidente, que además de veterinario coordina los programas de salud pública de la Generalitat en la comarca del Bages.

“Han dispuesto el dinero de los colegiados sin aprobación de nadie”, explica Marta Legido, nueva presidenta del Colegio.

“Hay gastos que, por su naturaleza, tenían que pasar por la junta. Y estas obras las decidieron sin consultarnos. Han dispuesto el dinero de los colegiados sin aprobación de nadie”, explica Marta Legido, nueva presidenta del Colegio. Legido asegura que se “investigará a fondo” la actuación de Gómez Muro, pero se muestra prudente. “Sabemos que al frente de esas empresas fantasma hay un único administrador, que sospechamos que es un testaferro porque tiene a su nombre más de 20 empresas. Pero tenemos que averiguar quién hay detrás”, dice la veterinaria.

Preguntada por los pagos a las empresas, dice que el importe final aún se ignora y que tampoco conoce que se haya ejecutado obra alguna en el colegio. Del presidente y del tesorero no han obtenido ninguna respuesta satisfactoria. “Convocamos una reunión extraordinaria de la junta, a finales de julio. Sus explicaciones no nos dieron confianza, porque no dijeron nada en concreto. Tuvimos que acordar su cese”, razona.

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El escándalo en el Colegio de Veterinarios puede ser aún más hondo porque las cuentas de los últimos años no cuadran. “Hemos visto que los presupuestos tampoco reflejan la realidad”, afirma Legido. La asamblea, de hecho, declaró nulos los acuerdos de aprobación de las cuentas desde 2012, año en el que Gómez Muro se hizo con la presidencia con la candidatura Compromís Veterinari. Revalidó el cargo en 2016 con el lema “por el bienestar animal y por el prestigio de la veterinaria”. Las irregularidades en los presupuestos apuntan a que puede haber muchos más gastos acordados por Gómez Muro y validados por Vilà que no fueron ratificados por la junta y cuyo destino final, por ahora, se desconoce.

Con unos 2.500 colegiados, la entidad se financia con las cuotas de los profesionales y otras actividades, como la formación. La prioridad de la junta es saldar la deuda con Hacienda y encargar una auditoría que ponga orden a lo ocurrido.

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