La fiscalía se querella contra Jordi Turull por desprenderse de su patrimonio en pleno ‘procés’
El TSJC deberá decidir si admite a trámite la denuncia contra el diputado por ceder su vivienda a su esposa
Jordi Turull deberá afrontar, con toda probabilidad, una nueva causa judicial. Encarcelado por su participación en el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia, el diputado de Junts per Catalunya se enfrenta ahora a una acusación por insolvencia punible. La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado una querella contra Turull por haberse desprendido de parte de su patrimonio en favor de su esposa. Lo hizo en...
Jordi Turull deberá afrontar, con toda probabilidad, una nueva causa judicial. Encarcelado por su participación en el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia, el diputado de Junts per Catalunya se enfrenta ahora a una acusación por insolvencia punible. La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado una querella contra Turull por haberse desprendido de parte de su patrimonio en favor de su esposa. Lo hizo en junio de 2017, a cuatro meses escasos de la celebración de la consulta ilegal.
El fiscal superior catalán, Francisco Bañeres, abrió diligencias de investigación hace apenas un par de meses contra Turull y contra su esposa, Maria Blanca Bragulat. Ahora ha llegado ya a la convicción de que existen indicios de delito y se ha querellado contra el diputado, que llegó a proponerse como candidato a presidir la Generalitat. Turull puso a nombre de su mujer la vivienda familiar y la cuenta corriente.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) es el órgano competente para dirimir el caso por la condición de Turull de diputado en el Parlament y, como tal, de aforado. La Sala Civil y Penal ha registrado la querella "por supuesto delito de insolvencia punible", según la nota del TSJC, y ha designado al magistrado Francisco Valls para que decida si la admite a trámite.
Hace dos meses, la Fiscalía Anticorrupción difundió una nota en la que detalló la supuesta donación hecha por Turull en junio de 2017, que calificaba como "negocio jurídico gratuito" que podría constituir un delito de alzamiento de bienes.