El independentismo suspende el debate de investidura tras la advertencia del Gobierno
El PSC y los comunes llaman en un pleno simbólico a un cambio de ciclo para romper la política de bloques
El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, suspendió ayer la sesión de investidura Jordi Turull y la reconvirtió en un pleno para abordar la situación de excepcionalidad política tras el ingreso en prisión del candidato y de otros cuatro líderes independentistas. Torrent no cruzó la línea roja que le marcó el Gobierno de que podría cometer una ilegalidad si persistía en la celebración de la sesión...
El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, suspendió ayer la sesión de investidura Jordi Turull y la reconvirtió en un pleno para abordar la situación de excepcionalidad política tras el ingreso en prisión del candidato y de otros cuatro líderes independentistas. Torrent no cruzó la línea roja que le marcó el Gobierno de que podría cometer una ilegalidad si persistía en la celebración de la sesión. Con todo, cumplió el deseo de Turull de seguir con el pleno y llamó, fuera del hemiciclo, a crear un frente contra la “represión” al que se sumaron los comunes.
La oposición en pleno —salvo la CUP— pidió con antelación a Torrent no celebrar la sesión al no estar presente el candidato —que perdió en primera vuelta por 65 votos en contra y 64 a favor y ayer habría vuelto a perder— y también para no alimentar más el conflicto, muy latente el viernes. Roger Torrent era consciente desde entonces de que la investidura no podría celebrarse, pero mantuvo la convocatoria para, a su juicio, canalizar la necesidad de debatir una crisis devastadora. El independentismo seguía ayer en una situación de conmoción. “El Estado está impidiendo que se refleje la soberanía expresada libremente en las urnas”, afirmó Torrent ya en el hemiciclo,ante la contrariedad de parte de los constitucionalistas y especialmente de Ciudadanos, que le acusó de utilizar el cargo para hacer un mitin.
Torrent llama a los demócratas a formar un frente común para denunciar la deriva autoritaria del Estado
El Gobierno de Rajoy se sintió aliviado después de constatar que Torrent no echó un pulso institucional. El Ejecutivo advirtió ayer por la mañana, hora y media antes de que empezara el Pleno, de que no podía celebrarse la sesión y que en ese supuesto “iba a estudiar las medidas oportunas por ir en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional y del propio reglamento de la Cámara”. No solo eso; avisó de que existía un precedente y advirtió de las consecuencias. El Tribunal Constitucional anularía esa sesión y la Fiscalía actuaría contra Torrent y los miembros de la Mesa por incurrir, como mínimo, en delito de desobediencia como el que se le acusa ahora a Carme Forcadell, expresidenta del Parlament y en prisión, también por otros delitos, desde el viernes.
Torrent mantuvo la incertidumbre sobre el pleno, pero desde el viernes trabajó con los independentistas en una fórmula alternativa. Sabía que la investidura era inviable y sin sentido porque Turull había ingresado en prisión y la Ley de la Presidencia de la Generalitat exige que el candidato esté presente. De hecho, el 30 de enero ya acató al Constitucional y suspendió la de Carles Puigdemont. Ayer volvió a hacerlo. “Les anuncio que voy a suspender el pleno, que suspendo”, enfatizó para despejar dudas. “Es evidente que en estas condiciones el pleno no se puede celebrar pero hace falta hablar. Si actuáramos como si nada pasara, estaríamos normalizando una situación de injusticia, involución y represión que ni Turull ni esta institución merecen”, afirmó dando la voz a todos los grupos. El independentismo no tiene ningunas ganas de sumar más procesados a su causa. Y mucho menos Esquerra, absolutamente hundida y con un líder en prisión, Oriol Junqueras, y su número dos, Marta Rovira, huida en Suiza.
La sesión, en la que no se aprobó ninguna resolución, tuvo un carácter eminentemente emocional y derivó en un reguero de acusaciones contra las instituciones españolas por parte del independentismo y de Catalunya en Comú, aliados en denunciar lo que consideran “una deriva represiva”. Fue un preludio de lo que sucedió poco después, ya fuera del hemiciclo. En el auditorio del Parlament, Torrent, acompañado de expresidentes del Parlament y del Govern y ante un nutrido auditorio que prorrumpió en aplausos, leyó un manifiesto “en defensa de los principios democráticos y de los derechos civiles y políticos”. Torrent llamó a los “demócratas” a formar un frente “unitario, transversal y plural” en defensa de los derechos fundamentales y de la libertad de los políticos presos.
Los fractura se visualizó. Visiblemente afectado, Sergi Sabrià, portavoz de ERC, sintetizó su discurso en dos frases: “No hay espacios para la equidistancia. El Estado no ha destrozado el independentismo. Ha firmado su propia sentencia”. Xavier Domènech, líder de los comunes, arremetió contra el auto del juez Llarena y afirmó: “No hay justicia ni apariencia. La peor lógica de la democracia es la lógica de los vencedores y vencidos”. Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, aseguró: “Señores y señoras del procés: pensaban que se enfrentaban a Rajoy pero se enfrentaban a una democracia europea del siglo XXI”.