El Parlament pide investigar a la empresa que desaloja viviendas ocupadas
La Cámara insta a la Generalitat a llevar a cabo "todas las acciones necesarias" para averiguar la legalidad de Desokupa
A raíz del centenar de desalojos extrajudiciales que la empresa Desokupa ha llevado a cabo durante los últimos meses en viviendas ocupadas de Cataluña, el Parlamento aprobó ayer por unanimidad una resolución que insta al Gobierno catalán a investigar su legalidad. La resolución, propuesta por el PSC, también insta al Ejecutivo a llevar a cabo todas "las actuaciones necesarias" para averiguar si la empresa ha lesionado derech...
A raíz del centenar de desalojos extrajudiciales que la empresa Desokupa ha llevado a cabo durante los últimos meses en viviendas ocupadas de Cataluña, el Parlamento aprobó ayer por unanimidad una resolución que insta al Gobierno catalán a investigar su legalidad. La resolución, propuesta por el PSC, también insta al Ejecutivo a llevar a cabo todas "las actuaciones necesarias" para averiguar si la empresa ha lesionado derechos y si tiene vínculos con la extrema derecha.
El diputado del PSC Carles Castillo ha recordado en la comisión de Interior del Parlament que diversas organizaciones sociales y asociaciones vecinales han alarmado sobre las prácticas de dicha empresa, contratada por particulares e inversores para desalojar a personas que ocupan ilegalmente sus propiedades. La empresa asegura que no trabaja con viviendas de alquiler y sobre las que recaigan ordenes de desahucio, sino que sus acciones se centran únicamente en viviendas que hayan sido ocupadas a la fuerza.
La polémica con esta empresa surgió el pasado 26 de agosto, cuando un grupo de vecinos impidieron que cinco trabajadores de la empresa desalojaran sin orden judicial a un grupo de okupas, entre ellos una familia con dos niños de tres y ochos años, en la calle de la Cera de Barcelona. A raíz de este intento de desalojo, el Ayuntamiento de Barcelona anunció que iba a abrir una investigación sobre las acciones de dicha empresa.
El Observatorio de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC) interpuso una querella en septiembre contra la empresa por allanamiento de morada, coacciones y amenazas a raíz de un desalojo llevado a cabo el pasado 14 de abril en Gràcia. En misma semana la empresa recibió otra denuncia de una vecina del Pacs del Penedés, a la que intentaron desalojar de la vivienda que ocupaba.