El Constitucional mantiene la suspensión de la ley catalana antidesahucios

El tribunal argumenta que la norma “menoscaba la estabilidad del sistema financiero”

Una manifestación en Barcelona en contra de la suspensión de leyes catalanas.EFE / ARCHIVO

La suspensión cautelar de la ley antidesahucios seguirá en vigor. La Generalitat ha informado esta mañana que el Tribunal Constitucional (TC) ha decidido mantener la medida porque, entre otras cosas, atenta contra la banca. “Aunque en términos cuantitativamente reducidos, los preceptos impugnados producen un menoscabo cierto para la estabilidad del sistema financiero”, asegura el auto del TC.

Entre los artículos impugnados por el PP de la ley, que surgió de la iniciativa de Leg...

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La suspensión cautelar de la ley antidesahucios seguirá en vigor. La Generalitat ha informado esta mañana que el Tribunal Constitucional (TC) ha decidido mantener la medida porque, entre otras cosas, atenta contra la banca. “Aunque en términos cuantitativamente reducidos, los preceptos impugnados producen un menoscabo cierto para la estabilidad del sistema financiero”, asegura el auto del TC.

Entre los artículos impugnados por el PP de la ley, que surgió de la iniciativa de Legislación Popular de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y se aprobó en el Parlament el año pasado, estaban la mediación en casos de sobreendeudamiento y la obligación de ofrecer pisos sociales a las entidades o grandes tenedores que desahuciaran.

El alto tribunal ha estimado las alegaciones de la Abogacía del Estado, que argumentó que la norma catalana iba en contra del programa de asistencia financiera a España, acordado con el Eurogrupo. En particular, ha destacado “el potencial impacto negativo de las iniciativas autonómicas de protección de los deudores para las actividades de la Sareb”.

Los magistrados aún no han entrado en el fondo de la cuestión aunque sus argumentos, de momento, parecen ir en sintonía con los que defiende el Gobierno del PP. La Generalitat, tras la suspensión, comenzó a diseñar una nueva norma que la reemplace y que irá al Parlament este otoño.

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