Mire el sujeto

La Operación Chamartín es un ambicioso proyecto para Madrid: una oportunidad de modernización del recinto ferroviario y una ocasión de superar la “barrera” que supone el entramado de vías férreas para la correcta ordenación de la zona norte de la ciudad. Después de 22 años y tras cinco contratos entre Renfe/ADIF y DUCH/DCN y tras una compleja ordenación urbanística en el Ayuntamiento aún no se ha puesto ni un ladrillo y no hay visos de que se vaya a poner por más que se afirme lo contrario.

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La Operación Chamartín es un ambicioso proyecto para Madrid: una oportunidad de modernización del recinto ferroviario y una ocasión de superar la “barrera” que supone el entramado de vías férreas para la correcta ordenación de la zona norte de la ciudad. Después de 22 años y tras cinco contratos entre Renfe/ADIF y DUCH/DCN y tras una compleja ordenación urbanística en el Ayuntamiento aún no se ha puesto ni un ladrillo y no hay visos de que se vaya a poner por más que se afirme lo contrario.

RENFE optó por un modelo de concesión administrativa por 90 años sobre una finca de dominio público de 684.783 metros cuadrados del recinto de Chamartín que conllevaba una encomienda de gestión para promover su ordenación urbanística con la obligación de conseguir una edificabilidad de 870.000 metros cuadrados en un plazo no superior a dos años. Y, con la condición previa a la anterior de resolver el título de propiedad en relación con los derechos de reversión de los terrenos expropiados. No se trataba en ningún caso de ordenar los terrenos de las playas ferroviarias del norte de la M-30, que se incorporaron sin concurso público en el Documento de Adecuación para cumplir la condición extintiva relativa a la edificabilidad, que con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997.

La quiebra del criterio de la calificación edificatoria única anterior puede ser correcto en la medida que discrimina entre las áreas en función del modelo de ciudad que formalmente se pretenda, y desde luego una potestad indiscutible de la Corporación. Sin embargo, es contradictorio con la enfática declaración del interés público de la nueva propuesta dejar a Renfe fuera de área de reparto de la iniciativa privada el ámbito al norte de la M-30, el más extenso, donde apenas hay infraestructuras que construir y con la edificabilidad máxima 1.05 m2/m2. El abuso del concepto "público" para justificar acciones administrativas de todo tipo, convierte el término en un mito que dora las más ramplonas políticas.

La nueva propuesta recupera el modelo de gestión aplicado Pasillo Verde Ferroviario: un consorcio urbanístico entre la Administración central y la municipal, en el que las plusvalías generadas por la operación revierten exclusivamente en beneficio de la ciudad. A mi juicio, este modelo no es contradictorio con la gestión privada recogida en PGOU 97 aún vigente, ya también existía un Consorcio Público (el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, el Estado y la empresa adjudicataria) con el objetivo de velar porque las plusvalías originadas no solo beneficiasen a la ciudad, sino también a las restantes partes intervinientes.

La incapacidad del adjudicatario y de las sucesivas corporaciones del Partido Popular, patentes con la mera alusión a los 22 años malgastados en una gestión fallida, ha dado pie, y no sin cierta razón, a la posibilidad de tirar por tierra todo lo actuado hasta la fecha. Sin embargo, un principio fundamental del Derecho y un deber institucional es la garantía de la seguridad jurídica, de ahí que revocar normas aprobadas conlleve un trámite y una responsabilidad para evitar la arbitrariedad (Constitución Española, artículo 9.3). Las administraciones que promovieron la legalidad vigente tienen la misma legitimidad que los gestores municipales surgidos de las últimas elecciones. Por ello, la propuesta Madrid, Puerta Norte no puede entenderse como un proyecto ex novo, por más que lo sea para sus mentores.

Nada importa si será una actuación de gestión pública o privada, si tendrá uno o más ámbitos, si la edificabilidad es mucha o poca, porque sin el debido reconocimiento de los derechos de los titulares originales de los terrenos no es posible legalmente dar ningún paso por aquellos que aspiran a liderar el proyecto. La participación de los propietarios expropiados, como interesados legítimos, puede contribuir a poner cordura, moderación y, sobre todo, certeza jurídica a una operación que puede acabar dando tumbos por los tribunales si se continúa como hasta ahora.

P. Pablo Mansilla Izquierdo es el presidente de la Asociación No Abuso