Agbar advierte al Área Metropolitana sobre romper acuerdos ya firmados

El presidente de Agbar, Ángel Simón, ha advertido este viernes de que cualquier decisión que tome el Area Metropolitana de Barcelona (AMB) respecto a la sociedad mixta de gestión del agua deberá estar "de acuerdo con la ley", no contradecir los acuerdos previamente firmados y tener las mayorías cualificadas que correspondan.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios después del acto de conmemoración del Día Mundial del Agua en el Museu de les Aigües de Agbar en Cornellà de Llobregat (Barcelona), despué...

El presidente de Agbar, Ángel Simón, ha advertido este viernes de que cualquier decisión que tome el Area Metropolitana de Barcelona (AMB) respecto a la sociedad mixta de gestión del agua deberá estar "de acuerdo con la ley", no contradecir los acuerdos previamente firmados y tener las mayorías cualificadas que correspondan.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios después del acto de conmemoración del Día Mundial del Agua en el Museu de les Aigües de Agbar en Cornellà de Llobregat (Barcelona), después de que el TSJC haya anulado esta concesión de la empresa público-privada controlada por Agbar para gestionar el agua del AMB porque ve insuficientemente justificado que no se adjudicara por concurso, y después de presentarse varios recursos judiciales.

Simón ha remarcado que el servicio de la sociedad mixta está garantizado y que la concesión no está anulada, porque la sentencia del TSJC es provisional y la compañía la recurrirá ante el Tribunal Supremo.

Al ser preguntado por si Agbar ha calculado qué indemnización le correspondería en caso de que el AMB optara finalmente por una gestión pública del agua, Simón ha respondido que este escenario no está en los "esquemas" de la compañía y que no lo han calculado. Fuentes de la compañía cifran el rescate en unos 500 millones de euros.

Pese a negarse a dar una cifra, Simón puso algunos ejemplos de ciudades en las que la gestión ha pasado a manos públicas, como Berlín, donde ha asegurado que la administración ha tenido que pagar 2.000 millones de euros "por hacerlo de acuerdo con la ley".

También ha puesto el ejemplo de Buenos Aires, donde ha afirmado que este proceso se hizo "sin estar de acuerdo con la ley" y le ha costado al gobierno 15 años de pleitos y una sentencia con un coste de 1.500 millones de dólares.