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El presidente Artur Mas ha convocado elecciones al Parlamento de Cataluña para el próximo 27 de septiembre. Algunas fuerzas políticas y organizaciones sociales se presentan formando la candidatura electoral Junts pel Sí, integrada entre otras por Convergència Democràtica de Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya. Esta candidatura tiene como objetivo central llevar a Cataluña a la independencia. En el supuesto que la mayoría de la ciudadanía les apoye, se elaborará, en el plazo de 10 meses, la constitución de la futura república catalana, que se someterá a un posterior referéndum, y se c...

El presidente Artur Mas ha convocado elecciones al Parlamento de Cataluña para el próximo 27 de septiembre. Algunas fuerzas políticas y organizaciones sociales se presentan formando la candidatura electoral Junts pel Sí, integrada entre otras por Convergència Democràtica de Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya. Esta candidatura tiene como objetivo central llevar a Cataluña a la independencia. En el supuesto que la mayoría de la ciudadanía les apoye, se elaborará, en el plazo de 10 meses, la constitución de la futura república catalana, que se someterá a un posterior referéndum, y se crearán estructuras de estado como, entre otras, una hacienda y una seguridad social propias.

El Parlamento de Cataluña efectuará una declaración soberanista inicial como anuncio para iniciar el proceso para proclamar la independencia, que no se someterá a la legalidad del Estado español. En este punto, se iniciará un proceso de negociación con el Estado para el reparto económico de activos y pasivos y con las instancias internacionales para el reconocimiento del nuevo Estado. Finalmente, se efectuará un referéndum vinculante por parte de la ciudadanía de Cataluña sobre la nueva constitución. El proceso hacia la independencia culminará, como máximo, a los 18 meses del 27 de septiembre de 2015, o sea, que el 27 de marzo de 2017 Cataluña, según esta hoja de ruta, será independiente.

Ante un reto tan trascendente es preciso hacerse una serie de preguntas y conocer las respuestas. Para iniciar el proceso hacia la independencia, ¿es preciso un determinado porcentaje de participación electoral?; ¿es preciso que el número de ciudadanos y ciudadanas que hayan votado inequívocamente en favor de la independencia sea superior al que hayan optado por las demás opciones políticas?; ¿con qué medios económicos se crearán las estructuras del nuevo Estado?; ¿es razonable que el Estado español quiera negociar la independencia de Cataluña? En otras palabras, la ciudadanía de Cataluña tiene derecho a saber cuál será la respuesta del sector soberanista de Catalunya cuando el Estado diga no, o sea, cuando el Estado impugne las decisiones que adopten el Gobierno y el Parlamento de Cataluña ante el Tribunal Constitucional como han reiterado que harán o cuando el Estado adopte otras medidas que, según ha insinuado el Ministro de Justicia, podrían llegar a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno del Estado adoptar “las medidas necesarias para obligar” a las comunidades autónomas al “cumplimiento forzoso” de las obligaciones constitucionales, para evitar que se atente gravemente al interés general de España y que faculta al Gobierno del Estado a “dar instrucciones a todas las autoridades” de la comunidad autónoma de que se trate.

Ante una eventual declaración unilateral de independencia es preciso tener en cuenta que su eficacia depende de que los diversos estados reconozcan al nuevo estado independiente. ¿Hay la previsión de que Francia, Alemania, el Reino Unido o Estados Unidos reconozcan Cataluña como estado?; ¿formará parte Catalunya de la Unión Europea y de la ONU?

Sin perjuicio de todo ello es evidente que en Catalunya hay un creciente sentimiento independentista (1,8 millones de personas votaron por ella en la consulta del 9 de noviembre de 2014) y en congruencia es perfectamente legítimo que determinadas fuerzas políticas planteen la independencia de Cataluña. La solución al problema solo puede venir si por parte del Estado y de la Generalitat se establecen auténticas negociaciones y se logran acuerdos entre las posiciones maximalistas de ambas partes. En otro caso el problema seguirá enquistado sin solución.

Francesc Pau i Vall es profesor de ciencias políticas de la Universidad Pompeu Fabra.