Mas en otoño, Rajoy en invierno
Las elecciones del 27-S serán sobre todo el acopio de fuerzas para la negociación que vendrá tras las legislativas de fin de año
En el choque al que parece encaminarse el conflicto catalán en curso, una abrumadora mayoría de los medios de comunicación españoles apunta contra la parte catalana como si fuera la única y gran responsable y al presidente de la Generalitat, Artur Mas, como la personificación del estropicio. Para ellos, Mas es ahora el hombre a abatir, para que de nuevo se pueda decir aquello de que muerto el perro se acabó la rabia, por lo menos para una temporada. Las recriminaciones que desde esta perspectiva se formulan al Gobierno de Mariano Rajoy no pasan de quejas por inacción, quietismo, blandura.
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En el choque al que parece encaminarse el conflicto catalán en curso, una abrumadora mayoría de los medios de comunicación españoles apunta contra la parte catalana como si fuera la única y gran responsable y al presidente de la Generalitat, Artur Mas, como la personificación del estropicio. Para ellos, Mas es ahora el hombre a abatir, para que de nuevo se pueda decir aquello de que muerto el perro se acabó la rabia, por lo menos para una temporada. Las recriminaciones que desde esta perspectiva se formulan al Gobierno de Mariano Rajoy no pasan de quejas por inacción, quietismo, blandura.
Sin dejar de considerar a Mas como culpable, el socialismo español ha levantado, en cambio, la bandera de la reforma para adaptar la Constitución de forma que pueda acoger de nuevo las demandas catalanas, como sucedió en 1978 a la hora de redactarla. Otros partidos hablan también de reforma constitucional. En algún momento se concretará lo que ofrece en este aspecto Podemos, partido que habla de Estado plurinacional y que en Cataluña se ha aliado con el catalanismo de izquierdas no independentista, federalista e incluso confederalista. En el caso de Ciudadanos está claro que la reforma no sería para atender demandas catalanas, sino para ahormarlas mejor al jacobinismo centralista que predica.
Para que una reforma capaz de reencauzar al catalanismo en un marco constitucional pueda prosperar se precisa sin embargo que la derecha participe en ella, por una elemental cuestión de peso político y electoral. Pero no únicamente por esta razón, porque el poder de las derechas no es solo el que detentan al frente de las instituciones políticas en un momento dado. Es social y político pero, en España, está sobre todo enquistado en la Administración de un Estado en el que no ha cuajado una tradición de servicio público neutro políticamente. Lo que anida en el fondo del conflicto catalán, la causa del malestar, es una pugna por el reparto del poder, en la que los protagonistas son, por una parte, un catalanismo transversal a la derecha y la izquierda que se considera a sí mismo merecedor y capaz del autogobierno pleno, y por la otra, los herederos de la gestión del aparato estatal español que no quieren desprenderse de una parte tan importante de un poder que en las décadas del franquismo disfrutaron en exclusiva. El PP como partido es, en realidad, un conglomerado formado alrededor de los cuerpos de altos funcionarios del Estado detentadores de este poder. No es por azar que haya tantos abogados del Estado en su cúpula.
En Cataluña se espera que el poder de la derecha disminuya lo suficiente en las elecciones generales como para verse obligada a entrar en la vía de la reforma constitucional
Lo que en su momento, hace apenas un año o dos, los líderes de Podemos denunciaron como la casta de políticos y altos funcionarios que van y vienen de la Administración a los cargos electos y de confianza política, y de estos a las grandes empresas públicas y a las concesionarias de servicios, es en realidad, la causa del conflicto catalán. Aunque con el voto en contra del PP, el Estatuto catalán de 2006 fue aprobado por el Parlamento catalán y las dos cámaras de las Cortes y refrendado por el electorado pero, cuatro años después, el PP demostró que su poder va más allá de todo esto y lo laminó mediante el Tribunal Constitucional.
De aquel episodio aprendió el catalanismo que la derecha española juega con los dados trucados a su favor y de ahí la senda rupturista que ha tomado desde entonces. Por el otro lado, el PP, se ratificó en que es innecesario ceder poder alguno, en Cataluña o donde sea cuando, como dice Soraya Sáez de Santamaría, se dispone de la Constitución y las leyes, dando por descontado que, además, se controla la composición del Tribunal que las interpreta. El acomodo de Cataluña en España del que tanto se ha hablado y se habla estaba de nuevo solemnemente pactado en 2006. El PP lo reventó y esperar de él que ahora resuelva el conflicto es pedir peras al olmo. Habrá que esperar a después de las elecciones legislativas de invierno, para las que las catalanas de otoño serán, sobre todo, una acumulación de fuerzas a la espera de que el poder de la derecha disminuya lo suficiente como para verse obligada a entrar en la vía de la reforma constitucional. Y está claro que Mas ha subido la apuesta ahora con la pretensión de llegar luego bien pertrechado a la probable cita.