El Valedor carga contra la familia que provocó el éxodo gitano

Tres meses después del frágil acuerdo sellado entre representantes de los llamados “gitanos zamoranos” de Porriño y Tui y de una elite de la misma etnia con presencia mediática en la figura de Sinaí Giménez, “príncipe” de los gitanos gallegos, el Valedor do Pobo cargó ayer contra la “presión intolerable” que provocó a finales de 2014 el éxodo de 410 personas, entre ellas un centenar de niños, que optaron por huir de Galicia abandonando sus medios de vida y sus colegios. Pasado un tiempo, los “gitanos zamoranos” regresaron, pero hasta mediados de enero no se atrevieron a montar sus puestos en l...

Tres meses después del frágil acuerdo sellado entre representantes de los llamados “gitanos zamoranos” de Porriño y Tui y de una elite de la misma etnia con presencia mediática en la figura de Sinaí Giménez, “príncipe” de los gitanos gallegos, el Valedor do Pobo cargó ayer contra la “presión intolerable” que provocó a finales de 2014 el éxodo de 410 personas, entre ellas un centenar de niños, que optaron por huir de Galicia abandonando sus medios de vida y sus colegios. Pasado un tiempo, los “gitanos zamoranos” regresaron, pero hasta mediados de enero no se atrevieron a montar sus puestos en los mercadillos municipales. Confesaban que tenían “pánico” a este líder que controlaba las ferias y que ahora ha dado el salto a la política como número dos de Iniciativa Viguesa, presentándose como el Obama gallego que velará por las minorías. El penoso éxodo a Castilla y el difícil regreso a sus pisos en el sur de Pontevedra tuvieron lugar sin que apenas sonasen voces políticas condenando los hechos.

“Intolerable” fue el verbo elegido por el Valedor, José Julio Fernández, para calificar al menos por dos veces el episodio: “hay una situación de presión intolerable sobre determinados grupos de personas”, decía durante el turno de preguntas posterior a una rueda de prensa en la que Secretariado Gitano presentó su balance anual sobre discriminación en España con motivo del día internacional dedicado a la etnia. Se trata, siguió Fernández, de una presión ejercida “en base a argumentos culturales falsos, contrarios a los derechos humanos”. Destacó que existen “redes clientelares intolerables” y reconoció que aún hoy sigue pidiendo “a la policía y la Guardia Civil que actúen con toda la fuerza de la ley” contra ellas. También reconoció que el asunto no podía resolverse entre particulares: “Cuando hay un grupo de personas más vulnerables, los poderes públicos son los que tienen que poner los medios para protegerlas”.

Pero, con excepción de la corporación municipal de Tui, las Administraciones asistieron aparentemente impasibles a esta huida por miedo, que, según Sinaí Giménez, no fue un destierro impuesto sino la posible consecuencia de una “advertencia” a cuatro portavoces de los “zamoranos”. El entonces fiscal superior, Carlos Varela, actuó después de recibir la denuncia de un particular, un vendedor ambulante que no es de etnia gitana.

En consecuencia abrió diligencias penales contra Sinaí, hijo del “rey” Olegario Giménez, alias Morón, que controlaba los puestos de las ferias a través de una suerte de cooperativa, y dio un mes a las partes para llegar a un acuerdo. Con anterioridad, también en 2014, Giménez había dictado la precipitada marcha de una familia de Lugo supuestamente estigmatizada porque uno de sus miembros, ya en prisión, había cometido un crimen machista. Aquella vez, el “príncipe” apelaba a una ancestral ley gitana no escrita.

Carmen Cortés, abogada de Secretariado Gitano, afirmó en la rueda que esa ley “no existe”, y Eva Vera, directora de la fundación en Galicia, justificó que la entidad no interviniese en estos casos porque no es su cometido. La paz, según fuentes próximas a los “zamoranos” es aún “delicada”.

En relación con el informe que presentaban, Vera dijo que Galicia es “una de las comunidades con mayor porcentaje de miembros de la etnia viviendo en chabolas”, y que existe “más racismo donde hay más chabolismo”. Entre las quejas por discriminación que les llegaron, las más abundantes fueron por el tratamiento al pueblo gitano en los medios, pero el informe también recoge un puñado de sangrantes casos de inmobiliarias gallegas que negaron el acceso a la vivienda por razón del color de piel, o actuaciones policiales cuando menos sospechosas de racismo.