El PP dice que no sabe qué es la pobreza energética

Al PP no le gusta la expresión “probreza energética” porque cree que es más adecuada la de “consumidor vulnerable” y además no sabe definir qué grupo de población englobaría. Esos son los argumentos empleados esta mañana por los populares para tumbar, con su mayoría absoluta, la intención del BNG, respaldada por el resto de grupos de la oposición, de que el Parlamento de Galicia legisle contra la pobreza energética para que la Xunta ayude a las familias a las que la electricidad y la calefacción les cueste más del 10% de los ingresos mensuales.

El diputado popular Hipólito Fariñas fue e...

Al PP no le gusta la expresión “probreza energética” porque cree que es más adecuada la de “consumidor vulnerable” y además no sabe definir qué grupo de población englobaría. Esos son los argumentos empleados esta mañana por los populares para tumbar, con su mayoría absoluta, la intención del BNG, respaldada por el resto de grupos de la oposición, de que el Parlamento de Galicia legisle contra la pobreza energética para que la Xunta ayude a las familias a las que la electricidad y la calefacción les cueste más del 10% de los ingresos mensuales.

El diputado popular Hipólito Fariñas fue el encargado de defender la negativa del PP y lo hizo comenzando su intervención expresando su “solidaridad” con los afectados por esa “tremenda lacra”. Pero a continuación negó la propia existencia de la pobreza energética argumentando que el consenso internacional en la Unión Europea es el de emplear el término “consumidores vulnerables”. También puso en duda que el destino a electricidad y calefacción del 10% de los ingresos mensuales sea un indicador adecuado para valorar esa vulnerabilidad. De nada sirvió que la diputada nacionalista Carme Adán se aviniera a negociar tanto la terminología a emplear como su cuantificación ni que insistiera a Fariñas en que detallase qué argumentos tenía el PP para rechazarlo.

El diputado popular se escudó en que el Gobierno central aún tiene pendientes de aprobar varios decretos que deben desarrollar la normativa europea que obliga a ayudar a esos consumidores vulnerables, pero ni detalló plazos ni explicó qué impide al Gobierno gallego hacerlo ya.