El concejal de Moncloa troceó el coste de una ópera en 54 contratos menores
El edil Álvaro Ballarín argumenta que la ley lo permite “por razones artísticas”
El concejal del Ayuntamiento de Madrid Álvaro Ballarín (del Partido Popular) lleva al menos tres años haciendo un uso excepcionalmente abundante de los contratos calificados administrativamente como menores, que, por no superar los 18.000 euros, pueden concederse a dedo y están sujetos a menor vigilancia jurídica.
La Junta Municipal de Moncloa, que preside Ballarín, cuadruplica la media de contratos menores efectuados por los 21 distritos de la capital, según los datos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. En 2013, por ejemplo, Moncloa firmó 328 contratos menores, cuando la media de los 2...
El concejal del Ayuntamiento de Madrid Álvaro Ballarín (del Partido Popular) lleva al menos tres años haciendo un uso excepcionalmente abundante de los contratos calificados administrativamente como menores, que, por no superar los 18.000 euros, pueden concederse a dedo y están sujetos a menor vigilancia jurídica.
La Junta Municipal de Moncloa, que preside Ballarín, cuadruplica la media de contratos menores efectuados por los 21 distritos de la capital, según los datos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. En 2013, por ejemplo, Moncloa firmó 328 contratos menores, cuando la media de los 21 distritos fue de 80, y algunos, como Usera o Chamberí, no superaron los 35.
“Esquivó controles”
El líder municipal de UPyD, David Ortega, considera que "los contratos menores deben estar perfectamente justificados". "De lo contrario", añade, "son una puerta abierta, cuando menos, a la arbitrariedad del político de turno. Y en el caso del distrito de Moncloa, el número de contratos menores es preocupante por excesivo".
"Ya nos consta que ediles del PP se están saltando la ley al manejar dinero público, y este caso de Moncloa hace sonar todas nuestras alarmas", asegura Ortega. "Esperamos explicaciones convincentes de Álvaro Ballarín sobre por qué recurrió a contratos menores para sus óperas, troceando su coste y esquivando controles. Recordamos que la Ley de Contratos sólo permite excepciones en este tipo de espectáculos si se acude a un contrato negociado sin publicidad, que tiene más controles", concluye Ortega.
Esta fórmula permitió a Ballarín, por ejemplo, dividir en 54 contratos el montaje de la ópera Falstaff, representada los días 20 y 28 de diciembre de 2013 y 4 de enero de 2014 en el Centro Cultural de Moncloa, y el 15 de enero en la Universidad Complutense.
El espectáculo le costó al Ayuntamiento 85.151 euros. En lugar de encomendar la organización de todo el evento o de cada una de sus partes (orquesta, coro, vestuario, etcétera) a una empresa, Ballarín contrató uno a uno a todos los participantes, desde los solistas hasta el último figurante.
El concejal ha explicado a EL PAÍS que lo hizo en virtud del artículo 170 de la Ley de Contratos del Sector Público, que contempla que, “por razones artísticas”, los contratos “pueden encomendarse a un solo empresario determinado, cuando dichas razones se encuentren debidamente justificadas”. Según Ballarín, “no cabe concurrencia de ofertas” porque “se contrata con carácter de exclusividad a una única persona”, a “cada artista, creador o autor individualmente considerado”.
Eso, añade, “garantiza el control sobre todas las partes del proyecto”, permite “promocionar a creadores emergentes” y “reduce costes”. Ballarín concluye que “el criterio de la Intervención General es conforme con lo expuesto”.
Según expertos consultados por EL PAÍS, existe una fórmula negociada sin publicidad para contratación de artistas: si el Ayuntamiento quiere al director de orquesta Daniel Barenboim o al tenor Plácido Domingo para su concierto estival en la plaza Mayor, no tiene sentido que abra un concurso público para ver qué otros músicos pueden prestarle un servicio similar. Ahora bien, Ballarín empleó la contratación a dedo para el director del coro (1.532 euros) o el director de escena (3.282 euros), pero también para cada uno de los 19 miembros de la orquesta (1.225 euros cada uno, 23.280 en total), cada uno de los 13 miembros del coro (490 euros cada uno), e incluso cada uno de los cuatro figurantes (extras, a razón de 490 euros por persona).
Ballarín logró su acta de concejal en mayo de 2007, y el entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), le colocó al frente de Moncloa-Aravaca, distrito en el que preside la agrupación del Partido Popular desde hace una década.
Ana Botella le mantuvo en ese mismo puesto en diciembre de 2011, cuando sustituyó a Gallardón al frente de la alcaldía.
Poco después, en septiembre de 2012, la Intervención General dictaminó que Ballarín había incumplido la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Haciendas Locales al otorgar a dedo un contrato de 49.777 euros.
El artículo 138 de la primera norma sólo permite “adjudicar directamente a cualquier empresario” aquellos contratos de menos de 18.000 euros (50.000, en el caso de obras; siempre, sin IVA).
Los contratos menores son relativamente habituales en el Ayuntamiento. En 2011, los 21 distritos sumaron en total 3.028, de los que 483 correspondieron a Moncloa (tres veces más que la media); en 2012, fueron 1.558 en total y 270 en Moncloa (cuatro veces más que la media); en 2013, 1.679 en total y 328 en Moncloa (cuatro veces más que la media).
Estos contratos sirven habitualmente para compras puntuales y de cuantía moderada; en 2014, por ejemplo, Moncloa cerró uno por 116 euros para calendarios, y otro de 1.097 para sobres.
Un pago de 21.613 euros dividido entre 2013 y 2014
Dentro del gasto total de 72.342 euros incluido en el presupuesto de 2014 para la ópera Falstaff, la Junta Municipal de Moncloa, que preside el concejal Álvaro Ballarín (PP), firmó dos contratos con una asociación por un valor total de 13.803 euros, que fueron abonados en 2014, como el resto de pagos del montaje. Uno correspondía a "solistas, miembros de coro, subtitulador, pianista, ensayos y diseño de espacio escénico", y se elevaba a 11.425 euros; el otro respondía a "alquiler del atrezzo y material musical", con una cuantía de 2.378 euros.
Sin embargo, la asociación recibió otro pago por la “participación de solistas” en esa misma ópera, pero a cargo del presupuesto municipal de 2013, por importe de 7.810 euros.
Es decir, la asociación cobró en total 21.613 euros por la ópera, pero esa cantidad se dividió entre dos ejercicios contables.
Ese pago de 7.810 euros es el único relacionado con la ópera que se cargó al presupuesto de 2013; los otros 53 contratos se ejecutaron en la cuenta de 2014.
La obra se representó en cuatro ocasiones (dos en diciembre de 2013 y dos en enero de 2014), pero todos los contratos firmados por la Junta de Moncloa tienen fecha del 15 de diciembre de 2013 y se cobraron en 2014, excepto el de esta asociación. Ese se firmó el 30 de diciembre de 2013... Y se cobró contra el presupuesto de ese mismo año.
La asociación en cuestión se denomina Acuerdo Intercultural, y fue inscrita en 2007 en el registro del Ministerio del Interior. Asegura tratarse de una asociación sin ánimo de lucro que busca “aunar esfuerzos para ayudar a ampliar la interacción interpersonal y social de carácter activo y positivo entre personas de diversidad étnica, cultural, religiosa y lingüística”.
Su fundadora, Mónica González, ha explicado a EL PAÍS que ejecuta proyectos de intervención social y cooperación al desarrollo, enfocados sobre todo a inmigrantes sudamericanos.
Su sede está ubicada en el barrio de Palomeras Bajas, en el distrito de Puente de Vallecas.
Entre sus actividades se cuenta un coro, iniciado en 2011. Fue a partir de antiguos miembros de ese coro como se inició su conexión con el distrito de Moncloa y las óperas que allí organiza desde hace años Ballarín, según González. También en 2013, la asociación recibió 12.761 euros por otros tres contratos ligados a representaciones de Un ballo in maschera y de La Traviata.