IU denuncia que la Comunidad no responde a sus preguntas sobre el aborto

La Asamblea de Madrid es uno de los Parlamentos regionales menos transparentes

María Espinosa, diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, denuncia que la Comunidad se niega a responder desde el pasado febrero a sus preguntas sobre el número de interrupciones voluntarias de embarazo en la región. “El Gobierno de Ignacio González no contesta a mis preguntas sobre aborto desde hace siete meses, pese a que pedí amparo a la Mesa de la Asamblea, que me lo concedió y recordó a la Comunidad que debía contestarme”, critica la parlamentaria.

El Parlamento madrileño es el cuarto más opaco de...

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María Espinosa, diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, denuncia que la Comunidad se niega a responder desde el pasado febrero a sus preguntas sobre el número de interrupciones voluntarias de embarazo en la región. “El Gobierno de Ignacio González no contesta a mis preguntas sobre aborto desde hace siete meses, pese a que pedí amparo a la Mesa de la Asamblea, que me lo concedió y recordó a la Comunidad que debía contestarme”, critica la parlamentaria.

El Parlamento madrileño es el cuarto más opaco del Estado, con una valoración de 51,3 puntos sobre 100, solo por delante de las Cámaras de Murcia (42), Canarias (42,3) y Baleares (45), según un informe de Transparencia Internacional divulgado el pasado abril. El más transparente era el Parlamento de Cantabria (98,8), seguido del de Navarra (87,2).

Espinosa solicitó información sobre el número de mujeres que abortaron entre 2011 y 2013 desglosando los datos por hospitales, tramos de edad y nacionalidad de las atendidas tanto en la red pública sanitaria como en la privada. También preguntó por las menores de edad cuya tutela y/o guarda recae sobre la Comunidad que pidieron someterse a una interrupción voluntaria del embarazo en 2012 y 2013. La diputada quería conocer el número de abortos y que la edad de las afectadas apareciera desglosada. El Ejecutivo autonómico se escudó en “la alta confidencialidad” de la información solicitada para no aportar datos “que afecten a la intimidad de los menores tutelados”. “No pedí datos de carácter personal, sino estadísticos”, señala Espinosa.

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