El fiscal investiga si el grupo municipal del PSdeG en Ourense malversó

La fiscalía investiga a la agrupación local del PSdeG-PSOE de la ciudad de Ourense por presunta malversación de caudales públicos, en unas diligencias abiertas hace meses, tras la difusión de las cuentas del grupo socialista en las que figuraban miles de euros públicos empleados en botellas de ron y ginebra, marisco, copas en chiringuitos de playa de Mallorca, almuerzos en Toledo, Madrid o Ciudad Real e incluso en una fiesta en casa del exalcalde, Francisco Rodríguez, para celebrar su puesta en libertad bajo fianza tras ser detenido en la Operación Pokémon. Sin embargo, los investigadores han ...

La fiscalía investiga a la agrupación local del PSdeG-PSOE de la ciudad de Ourense por presunta malversación de caudales públicos, en unas diligencias abiertas hace meses, tras la difusión de las cuentas del grupo socialista en las que figuraban miles de euros públicos empleados en botellas de ron y ginebra, marisco, copas en chiringuitos de playa de Mallorca, almuerzos en Toledo, Madrid o Ciudad Real e incluso en una fiesta en casa del exalcalde, Francisco Rodríguez, para celebrar su puesta en libertad bajo fianza tras ser detenido en la Operación Pokémon. Sin embargo, los investigadores han puesto su foco en el dinero que el grupo socialista de la ciudad —controlado por afines al exregidor— empleó en pagar a un asesor que, supuestamente, habría realizado funciones propias de personal al servicio de la corporación, una práctica prohibida expresamente en la legislación que regula el destino de los fondos municipales asignados a grupos políticos. La normativa vigente también prohíbe la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos.

Según las cuentas de 2012 a las que tuvo acceso este diario, los socialistas destinaban a este asesor unos 3.200 euros mensuales, la mitad de los fondos públicos que recibían cada mes. Los costes laborales ascendían a casi 50.000 euros anuales entre salario, gastos de gestión en una asesoría e impuestos. Y la investigación trata de dilucidar ahora si esos pagos fueron legales. El asesor, Antonio Vallejo, que ya ha prestado declaración, trabajó en el Ayuntamiento durante un lustro. Sin embargo, ya no ocupa asesoría alguna. La difusión de las cuentas socialistas desató una tormenta política que, tras la presión de la oposición, especialmente del BNG, se saldó con su expulsión. Durante esos años y a pesar de que el grupo socialista no tiene oficina en las instalaciones municipales (los restantes grupos sí), Vallejo ocupó un despacho situado frente al del alcalde, en la primera planta del consistorio y que anteriormente perteneció al oficial mayor.

Susana Bayo, la edil socialista que pidió por registro las cuentas de su propio partido tras denunciar que no tenía acceso a ellas de otra forma, fue el primer cargo político que declaró en el caso. La concejala se limita a matizar que ha “colaborado” con la fiscalía porque fue citada como testigo. En la investigación también ha prestado declaración el secretario municipal, Luis María Bermúdez. El próximo político citado en calidad de testigo es Antonio Rodríguez Penín, el concejal del grupo de afines al exsecretario del PSdeG Pachi Vázquez, al que el alcalde retiró todas sus competencias tras el plante de cinco ediles durante un pleno. El regidor, Agustín Fernández, asegura “estar a disposición de la fiscalía para aportar toda la información y hacer cualquier aclaración que se considere conveniente”. “Dimos explicaciones, justificamos los gastos, se reembolsaron una parte de ellos e incluso pedimos disculpas”, recuerda el regidor sobre los polémicos recibos de alcohol o viajes incluidos en la contabilidad de los socialistas.

Los investigadores han reclamado numerosa documentación al grupo del PSdeG y han escudriñado cada rincón de la cuenta bancaria de los socialistas, en la que aparecen como titulares la edil de Urbanismo, Áurea Soto, y la secretaria del actual alcalde y también del exalcalde, Natalia González, que además es sobrina política del exregidor. También ha sido investigado un préstamo de 21.000 euros que los socialistas concedieron en 2009 a un funcionario municipal condenado en firme por una negligencia en la custodia de caudales públicos, sin que se hayan apreciado indicios delictivos en este proceder.