Exconcejales de Teulada declaran por un presunto delito de prevaricación
Un juzgado de Dénia investiga la concesión de licencias para construir un supermercado
“¿Ha recibido presiones externas para conceder la licencia de obras? ¿Ha recibido alguna orden política para emitir un informe favorable?” Estas y otras preguntas dirigió el juez a los técnicos y exconcejales del Ayuntamiento de Teulada (Alicante) que declararon por un delito de prevaricación al permitir la construcción y apertura de un supermercado construido en suelo no urbanizable y de especial protección, al discurrir por el mismo una rambla. Los demandados negaron todas las acusaciones.
En 2004, en pleno auge de la burbuja inmobiliaria, el Ayuntamiento de Teulada- Moraira, cuyo alc...
“¿Ha recibido presiones externas para conceder la licencia de obras? ¿Ha recibido alguna orden política para emitir un informe favorable?” Estas y otras preguntas dirigió el juez a los técnicos y exconcejales del Ayuntamiento de Teulada (Alicante) que declararon por un delito de prevaricación al permitir la construcción y apertura de un supermercado construido en suelo no urbanizable y de especial protección, al discurrir por el mismo una rambla. Los demandados negaron todas las acusaciones.
En 2004, en pleno auge de la burbuja inmobiliaria, el Ayuntamiento de Teulada- Moraira, cuyo alcalde en la época era el actual vicepresidente del Consell, José Ciscar, dio luz verde a la construcción de supermercado en la carretera Moraira-Calp. Diez años después, los tribunales han anulado la licencia de obras, la ambiental y la de actividad por ser contrarias a la normativa urbanística y medioambiental. Los presuntos responsables de aprobar la construcción de este supermercado, dos antiguos técnicos municipales y dos exconcejales, han sido acusados de dos delitos de prevaricación, uno de carácter general y otro específico. Una quinta persona, que todavía presta sus servicios en el Ayuntamiento de Teulada, presentó un recurso contra el auto de admisión de la querella en el último minuto y no declarará hasta que el juez no se pronuncie sobre el mismo. Los acusados dieron el visto bueno a las licencias, pese a los repetidos informes en contra del arquitecto municipal. Los cuatro imputados negaron al juez y al fiscal haber recibido presiones externas o internas por parte de responsables políticos. Todos ellos se negaron a responder a las preguntas formuladas por las acusaciones particulares, acogiéndose a su derecho de no declarar.
Una juez suspende el cierre del supermercado
La investigación judicial se inició a raíz de una querella presentada por el supermercado Pepe la Sal, que compite en esta localidad de la Marina Alta con la cadena Más y Más, propietaria del establecimiento denunciado. El denunciante entendía que la apertura se realizó sin contar con todos los requisitos legales. Sus reclamaciones han prosperado en todos los tribunales que han entendido del caso.
Las cinco personas acusadas son: Juan José S.P, concejal responsable de urbanismo en aquella época, que concedió la licencia, pese a los informes contrarios del arquitecto municipal Julio Setla; el edil José Luis A. que concedió la licencia de actividad para la apertura del centro; el arquitecto Julio T. P. y el técnico Alberto T. C., que dieron el visto bueno a la aprobación del Plan de Reforma Integral (PRI) que, posteriormente, fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia valenciano; y, por último, José Antonio I. B, que actuaba como secretario accidental del Ayuntamiento y que avaló con un informe jurídico la concesión de las licencias.
Pese al proceso que se sigue contra los responsables de la concesión de las licencias de apertura al centro y a las sentencias favorables al empresario de Pepe la Sal, la magistrada del Contencioso-administrativo número 4 de Alicante, atendiendo a las alegaciones presentadas por Más y Más, ha ordenado la suspensión del cierre del centro por los perjuicios que ocasionaría el cese de la actividad a los trabajadores. La magistrada ha reclamado a la empresa demandada un aval de 451.600 euros “tras calcular la facturación media anual y aplicando un porcentaje del 20%”.
El Ayuntamiento de Teulada, en cumplimiento de una sentencia, había decretado el cierre del supermercado para el 23 de junio. Sentencia que se ha paralizado por la decisión de la juez.