El PP sale a defender a Prado aunque admite su “complicada situación”

La cúpula del PP no cree que haya motivos para apartar a Paula Prado. La portavoz del partido aparece en unas escuchas policiales reconociendo que infló un contrato municipal para entregar 3.000 euros a un promotor de espectáculos bien relacionado con el gobierno de Santiago, cuando ella era concejal. Vigilancia Aduanera comprobó que sus palabras eran ciertas y que él contrató efectivamente se pagó, según la documentación que figura en el sumario de la Operación Pokémon que indaga sobre una red de adjudicaciones irregulares y sobornos en varias instituciones públicas.

Y tirando de aquel...

La cúpula del PP no cree que haya motivos para apartar a Paula Prado. La portavoz del partido aparece en unas escuchas policiales reconociendo que infló un contrato municipal para entregar 3.000 euros a un promotor de espectáculos bien relacionado con el gobierno de Santiago, cuando ella era concejal. Vigilancia Aduanera comprobó que sus palabras eran ciertas y que él contrató efectivamente se pagó, según la documentación que figura en el sumario de la Operación Pokémon que indaga sobre una red de adjudicaciones irregulares y sobornos en varias instituciones públicas.

Y tirando de aquellos pinchazos de la policía, la juez Pilar de Lara que instruye el caso ha empezado a investigar al marido de Prado por falsedad documental y tráfico de influencias: indaga sobre si prevaliéndose del poder y los contactos de su pareja, el empresario textil vendió material a instituciones y organismos gestionados por el PP, incluido el de Santiago, y si para esas operaciones se valió de intermediarios. La propia Prado remitió la semana pasada un comunicado a los medios en el que niega haber influido para beneficiar a su cónyuge, aunque no negó que este hubiera facturado a Ayuntamientos populares en la actual legislatura. Añadió, no obstante, que su comportamiento político nunca se apartó del cumplimiento de la ley y del interés público, algo que choca con las conclusiones que la Agencia Tributaria ha plasmado sobre un informe en manos del juez.

De momento, Prado no está imputada en el proceso —la juez de Lugo no es competente para acusarla y la condición de aforada le obligaría a dejar esa parte del caso en manos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, algo que no descartan las fuentes judiciales consultadas—.

Entretanto, la dirección del Partido Popular intenta defender a su portavoz, que ha aparcado su papel de látigo de la oposición. Si bien, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha evitado ratificar su continuidad y pide esperar a conocer las noticias que llegan del juzgado —entre ellas la propia declaración de la portavoz ante De Lara, que permanece secreta—, el secretario general, Alfonso Rueda, su principal valedor, salió de nuevo ayer a respaldarla. Rueda, que en su etapa en la oposición llegó a exigir dimisiones por los motivos más variopintos (incluido que algún conselleiro del bipartito fuese en coche oficial a la peluquería), aseguró ayer que no “ve motivos” para el cese de Prado. Insistió en que la portavoz del partido no está ni imputada y justificó que lleve dos meses sin comparecer ante la prensa por su “situación complicada”.

También su jefe de filas en el Parlamento, el líder del grupo del PP, Pedro Puy, respaldó ayer la continuidad de Prado como diputada e incluso la felicitó por su “excelente” trabajo en esa institución. Puy, quien aclaró que la suya es una “personalísima opinión”, defendió que su partido acierta al ser “prudente” y mantenerla, toda vez que no se conoce el sumario en su totalidad y que Prado “colaboró” con la justicia al declarar como testigo ante la jueza instructora Pilar de Lara, informa Europa Press. El portavoz parlamentario del PP subrayó además el criterio de su partido según el cual “cuando hay constancia fehaciente de una irregularidad, esa persona debe ser apartada de la vida pública”.