Las obras del acceso sur de Alicante están paradas desde hace dos años
Una de las dos empresas adjudicatarias se declaró en concurso de acreedores
La primera impresión de los turistas que aterrizan en el aeropuerto de L’Altet y en coche se dirigen a Alicante es que la ciudad está en obras. Y lo peor es que lleva así varios años.
El acceso sur por carretera, en el tramo entre el parque de El Palmeral y la nueva sede de Casa Mediterráneo, carece de aceras, hay vallas provisiones y está en un estado “lamentable de abandono, suciedad, inseguridad del tráfico y pésima imagen”, según denunciaron ayer siete asociaciones de vecinos de la zona. El proyecto de mejora de los accesos arrancó hace más de diez años. Sin embargo, los problemas h...
La primera impresión de los turistas que aterrizan en el aeropuerto de L’Altet y en coche se dirigen a Alicante es que la ciudad está en obras. Y lo peor es que lleva así varios años.
El acceso sur por carretera, en el tramo entre el parque de El Palmeral y la nueva sede de Casa Mediterráneo, carece de aceras, hay vallas provisiones y está en un estado “lamentable de abandono, suciedad, inseguridad del tráfico y pésima imagen”, según denunciaron ayer siete asociaciones de vecinos de la zona. El proyecto de mejora de los accesos arrancó hace más de diez años. Sin embargo, los problemas han ido encadenándose.
La obra de la segunda fase del acceso sur, incluida en el Plan Confianza, cuya piedra colocó el entonces presidente Francisco Camps, se adjudicó a una UTE (unión temporal de empresas) integrada por Ocide y Romymar. El problema es que la segunda mercantil se declaró en concurso de acreedores. Y un juez ha tenido que liquidar la empresa y disolver la UTE para poder adjudicar la obra a Ocide. Según fuentes de la Consejería de Infraestructuras, el tema “judicial se ha desbloqueado y las obras”, que llevan dos años paradas, “se reanudarán en mayo”.
La consejería asegura que en mayo una de las empresas reanudará las obras paralizadas
Sin embargo, los vecinos no se fían. Los presidentes de las asociaciones Barrio José Antonio, El Templete de Benalúa, Alipark, La Florida, Ciudad de Asís, Gran Vía-sur y San Gabriel atribuyen la paralización de estas obras a la “bancarrota de la Generalitat”. La consejera, Isabel Bonig, “lleva engañándonos casi dos años, visita las obras, anuncia que se reanudan y no cumple”, denunciaron en un comunicado estas siete asociaciones.
Los colectivos amenazan con manifestarse en la calle y cortar el tráfico en la Avenida de Elche si las obras no arrancan este mismo mes de abril. Los vecinos instan a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y a la concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante, Marta García-Romeu, a sumarse a la “cabeza de la manifestación si defienden los intereses de la ciudad”.
Siete asociaciones de vecinos critican al Consell y al Ayuntamiento
Los vecinos pretenden que antes de las próximas elecciones municipales “saquen del cajón” la tercera fase de las obras de mejora de la avenida de Elche, desde Federico Mayo hasta el barranco de las Ovejas, con la desaparición de las inservibles vías ferroviarias de la antigua estación de Murcia, y a medio plazo reclaman un paseo hasta la OAMI. Los vecinos llevan casi dos años, desde que las obras se paralizaron, “rodeados de inseguras, feas y cutres vallas carcelarias en estado lamentable”, según denunciaron.
La concejal de Urbanismo, Marta García-Romeu, “entiende” las quejas, pero recordó que el problema es que para reanudar las obras se ha requerido una resolución judicial. “Ahora ya está desbloqueado, hay dinero y las obras comenzarán en unas semanas”, anunció la edil, quien estuvo en Valencia y arrancó el compromiso a la consejería para adjudicar las obras el barranco de las Ovejas, que se pagarán con fondos europeos.
La oposición municipal ha criticado en reiteradas ocasiones la “penosa gestión” del PP en este tema. La concejal socialista, Loles Fernández, recriminó a Castedo que “no le importara que se ofreciera una pésima imagen y la ciudad estuviera patas arriba”. Y Miguel Ángel Pavón, de Esquerra Unida, solicitó que se “garantice la protección patrimonial de las harineras de Bufort y Cloquell”. Desde UPyD, Fernando Llopis, tildó de “impresentable” este acceso que confirma “que Castedo carece de peso en Valencia y no defiende los intereses de los alicantino