La fiscalía de Pontevedra remite al juez las diligencias contra Rafael Louzán

Las diligencias informativas abiertas por la fiscalía por un sobreprecio en los alquileres de unos bajos propiedad del presidente de la Diputación y del PP de Pontevedra, Rafael Louzán, al diputado provincial y concejal de Pazos de Borbén, Severino Reguera, se continuarán instruyendo en un juzgado ordinario. El desenlace de estas diligencias informativas sobre un posible delito de cohecho acabó debatiéndose ayer en una junta de fiscales, una medida extraordinaria que se adoptó ante las discrepancias sobre si hay o no indicios que pudieran derivar en la imputación de ambos políticos y por haber...

Las diligencias informativas abiertas por la fiscalía por un sobreprecio en los alquileres de unos bajos propiedad del presidente de la Diputación y del PP de Pontevedra, Rafael Louzán, al diputado provincial y concejal de Pazos de Borbén, Severino Reguera, se continuarán instruyendo en un juzgado ordinario. El desenlace de estas diligencias informativas sobre un posible delito de cohecho acabó debatiéndose ayer en una junta de fiscales, una medida extraordinaria que se adoptó ante las discrepancias sobre si hay o no indicios que pudieran derivar en la imputación de ambos políticos y por haberse agotado los plazos legales para que el fiscal del caso Augusto Santaló pueda continuar investigando.

El acuerdo de judicializar el asunto de los alquileres se produce dos semanas después de que el propio Louzán y su esposa —como propietarios de los inmuebles en régimen de gananciales— hubieran comparecido junto a Severino Reguera para declarar ante el fiscal en calidad de investigados. Tras la comparecencia del presidente de la Diputación de Pontevedra, su esposa y el diputado provincial del PP, el siguiente paso que debía dar el fiscal era acordar su imputación o el archivo de las diligencias. Debía hacerlo esa misma semana, porque ya no era posible prorrogar más la investigación. Sin embargo, la decisión no se adoptó finalmente ante la falta de pruebas concluyentes —entre otras cosas porque ninguno de los citados se prestó a declarar— y por la diferencia de criterios al respecto en el seno de la propia fiscalía.

Mientras Augusto Santaló defendía la tesis de la imputación, otros fiscales opinaban lo contrario y se inclinaban por el archivo. Al final, y para alcanzar un consenso, el camino a seguir se sometió a la votación de la junta de fiscales —cuyas deliberaciones son secretas—, en la que se acordó remitir toda la documentación al juzgado para que este decida si sigue investigando. “Las diligencias se judicializan sin que haya imputados”, indicó el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro al término de la junta de fiscales. “Ahora es el juzgado el que tiene la última palabra una vez que analice toda la información que se ha recabado”, se limitó a comentar el máximo responsable de la fiscalía pontevedresa.

Los tres locales de Louzán situados en la zona de Navia, en Vigo, fueron alquilados por Reguera en 2008 para ampliar su negocio de panaderías, Bruno Pan, SL. La propiedad del presidente de la Diputación figura en la declaración de bienes que presentó en la institución provincial con un valor catastral de 24.931 euros. El fiscal advirtió un sobreprecio (sin justificar) de dos o tres euros por metro cuadrado con respecto al resto de los alquileres del entorno. La deliberación de los fiscales solo cuenta con un precedente en Pontevedra, cuando se acordó acusar de cohecho impropio al entonces alcalde de Pontevedra, José Rivas Fontán, por haber recibido como regalo de un constructor el mobiliario para la cocina de su casa, aunque finalmente fue absuelto tras el juicio en 1995.