El policía que custodiaba la caja negra del metro se negó a firmar el acta
El inspector dice que discutió con personal de FGV por la custodia del registro
El agente de la Policía Nacional 87924 se negó a firmar el acta de apertura de la caja negra del convoy del accidente de metro de Valencia que causó 43 muertos y 47 heridos el 3 de julio de 2006. El registro se abrió a las 4.50 horas del 4 de julio en las oficinas de València Sud de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Y contó solo con el visto bueno del personal de la sociedad gestora del metro: la gerente de FGV Marisa Gracia; el director de Auditoría y Seguridad, Juan J...
El agente de la Policía Nacional 87924 se negó a firmar el acta de apertura de la caja negra del convoy del accidente de metro de Valencia que causó 43 muertos y 47 heridos el 3 de julio de 2006. El registro se abrió a las 4.50 horas del 4 de julio en las oficinas de València Sud de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Y contó solo con el visto bueno del personal de la sociedad gestora del metro: la gerente de FGV Marisa Gracia; el director de Auditoría y Seguridad, Juan José Gimeno; el jefe de talleres Luis Domingo Alepuz, y el técnico Juan Torres.
¿Por qué no firmó el policía? Este nuevo interrogante planeó este viernes tras las declaraciones que, durante cinco horas, prestaron ante la juez Nieves Molina el inspector y el jefe de grupo de la policía científica. Fueron los encargados de recabar durante más de 12 horas pruebas del accidente en la estación de metro de Jesús (hoy Joaquín Sorolla-Jesús). La juez no permitió, en la primera fase de la instrucción, a estos agentes que ratificasen el contenido de su informe que apuntaba al exceso de velocidad como causa del siniestro. Los abogados de las víctimas no entendieron nunca esta decisión.
El inspector admitió una “discusión” con representantes de FGV tras el accidente. El director de la investigación en el túnel pidió que la caja negra fuera trasladada a la Jefatura Superior de Policía. Mientras que, desde la empresa de la Generalitat, se apremiaba para llevar el registro a sus oficinas de València Sud. Ante la “confrontación”, el mando policial aceptó una solución intermedia. Ordenó a un agente que custodiase la información y velase por la pulcritud del proceso en las instalaciones de FGV. Los datos sobre la velocidad del convoy se transfirieron sin presencia judicial. Y el policía encargado del trabajo, el 87924, se negó a firmar el acta. El inspector, no obstante, no apreció ayer “manipulación” alguna en el proceso. Y reiteró que el volcado de información solo se pudo realizar con el sistema operativo de Ferrocarrils.
La policía judicial no observó manipulación en el volcado de los datos
Su compañero, el jefe de grupo de la policía científica, recordó que abandonó la estación a las 3 de la madrugada. Casi 14 horas después del accidente. Tampoco asistió al volcado de datos de la caja negra. Dijo que su compañero 87924 no le explicó los motivos por los que rechazó avalar el acta. El abogado de los familiares de las víctimas, Vicente Baeza, pedirá la declaración de este policía para que explique su decisión. “Debe ser un motivo muy fuerte”, explican fuentes próximas a la investigación.
Ayer, los policías insistieron ante la juez, la fiscal y los abogados en las conclusiones de su informe. Remarcaron que si la baliza hubiera figurado en la ubicación adecuada, el accidente de metro más grave de España se hubiera podido evitar. Y el vagón no hubiera superado los 80 kilómetros por hora, la máxima velocidad del tren y el doble de lo permitido en el tramo del siniestro. La caja negra reveló nueve puntos donde se rebasó esta cifra. Y uno donde el convoy marcó 84,09 kilómetros por hora.
Los peritos desconocían este viernes cómo se llegaron a estos números. El tren —en teoría— disponía de un sistema de frenado por tracción que apagaba los motores si se rebasaba la velocidad considerada peligrosa. Para esclarecer este punto, la defensa de la Asociación de Víctimas del Metro pedirá también que declaren ante la juez otros tres policías que colaboraron en el informe sobre las causas del siniestro.
Las declaraciones de se enmarcan en las 11 diligencias que debe practicar el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, después de que la Audiencia Provincial ordenase el pasado día 21 la reapertura de la investigación del accidente tras dos archivos judiciales.