Agbar gana (por ahora) la guerra del agua en Gandia

Una juez suspende un acuerdo de Torró que obligaba a la futura concesionaria del servicio a pagar 86 millones a Aguas de Valencia

La millonaria guerra por el control de la gestión hídrica que libran en Gandia Aguas de Valencia y Aguas de Barcelona (Agbar) se ha resuelto a favor de esta última. Por el momento. El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 13 de Valencia ha estimado ilegal el acuerdo para prestar el servicio de agua potable y de alcantarillado que en enero de 2012 selló la Junta de Gobierno pilotada por Arturo Torró, del PP. La sentencia aprecia que una de sus cláusulas benefició a Aguas de Valencia porque dificultaba la participación de otras empresas en un futuro concurso. La decisión abre la puerta...

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La millonaria guerra por el control de la gestión hídrica que libran en Gandia Aguas de Valencia y Aguas de Barcelona (Agbar) se ha resuelto a favor de esta última. Por el momento. El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 13 de Valencia ha estimado ilegal el acuerdo para prestar el servicio de agua potable y de alcantarillado que en enero de 2012 selló la Junta de Gobierno pilotada por Arturo Torró, del PP. La sentencia aprecia que una de sus cláusulas benefició a Aguas de Valencia porque dificultaba la participación de otras empresas en un futuro concurso. La decisión abre la puerta a repetir el proceso, según fuentes conocedoras del pliego.

El conflicto se remonta a noviembre de 2012. El Ayuntamiento de Torró anuló entonces el contrato de abastecimiento de agua potable por 25 años adjudicado en 2008 a Aguas de Valencia y el de alcantarillado que prestaba desde 2010 Actuaciones Ambientales Integrales. El Consistorio aunó en un contrato los dos servicios –gestión integral le llamó- y amplió a 50 años la concesión. Además, impuso una polémica cláusula que obligaba a las adjudicatarias a desembolsar más de 86 millones a Aguas de Valencia en concepto de indemnización y lucro cesante (lo que dejó de ganar al perder la concesión). La filial de Agbar Aquagest Levante, que ahora se llama Hidraqua, impugnó el proceso. Consideró que la indemnización representaba un peaje para impedir la libre competencia. Y premiar así a Aguas de Valencia. La justicia le ha dado ahora la razón.

La oposición de Gandia coincide en que la sentencia desautoriza al alcalde popular Arturo Torró. "Por primera vez en la historia de Gandia la sentencia de un particular [Hidraqua] anula un acuerdo que suponía un perjuicio para la ciudad", ha señalado el exalcalde de Gandía, el socialista José Manuel Orengo. El concejal Vicent Mascarell ha añadido: "Los ciudadanos deberían estar contentos de haber perdido esta sentencia judicial". Y ha explicado a este periódico que la decisión judicial reportará un "ahorro" a las arcas municipales de 30 millones de euros.

Compromís ha pedido la retirada del proyecto de presupuestos 2014 de Gandia. Asegura que la decisión judicial causará unas pérdidas a las arcas municipales de nueve millones de euros. El concejal Facund Puig ha calificado la sentencia de "muy dura" porque –dice- deja sin efecto "un acto administrativo importante como es la concesión de agua potable".

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