El fiscal del Tribunal Supremo pide más pena para Del Nido por el ‘caso minutas’

La acusación añade falsedad al fraude, malversación y prevaricación por los que fue condenado

El fiscal del Tribunal Supremo ha pedido que se agrave la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Málaga al abogado y presidente del Sevilla F.C., José María del Nido, por el caso Minutas --siete años y medio de cárcel-- al considerar que, además de los delitos de fraude, malversación y prevaricación por los que ha sido condenado, también cometió el de falsedad en documento mercantil con los documentos creados para las minutas de sus trabajos jurídicos.

El Tribunal Supremo ha revisado este martes en vista pública los recursos presentados a la sentencia de la Audiencia Provincial...

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El fiscal del Tribunal Supremo ha pedido que se agrave la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Málaga al abogado y presidente del Sevilla F.C., José María del Nido, por el caso Minutas --siete años y medio de cárcel-- al considerar que, además de los delitos de fraude, malversación y prevaricación por los que ha sido condenado, también cometió el de falsedad en documento mercantil con los documentos creados para las minutas de sus trabajos jurídicos.

El Tribunal Supremo ha revisado este martes en vista pública los recursos presentados a la sentencia de la Audiencia Provincial por el fiscal y por los condenados, entre los que también se encuentran el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, que fue condenado a las mismas penas que el primero; y el exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, al que se le impusieron cuatro años de prisión por fraude y malversación de caudales públicos.

En la sesión, el representantes del Ministerio Fiscal ha considerado acreditado que, aprovechando la "falta de control financiero" que imperaba en el consistorio marbellí, los acusados actuaron para "detraer fondos públicos" con "servicios fraudulentos".

Así las cosas, ha mantenido que "no se puede acreditar la necesidad de los servicios" jurídicos contratados a los abogados, que muchos de ellos ni siquiera existieron y que algunos incluso fueron "contrarios a los intereses municipales".

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