La fiscalía pide tres años de cárcel para la exalcaldesa de Jerez Pilar Sánchez
La exregidora empleó dinero del Plan E para pagar nóminas del Consistorio
La fiscalía ha solicitado tres años de prisión para la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, por pagar las nóminas de los trabajadores municipales durante ocho meses con fondos del Estado ingresados en cuentas restringidas para la financiación de obras del Plan E. En el escrito de calificación, el ministerio público también pide a la exregidora socialista una fianza de 8,6 millones de euros, el equivalente al dinero que Sánchez usó para abonar la nómina de la plantilla del Ayuntamiento.
El fiscal Manuel Luis Arjon...
La fiscalía ha solicitado tres años de prisión para la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, por pagar las nóminas de los trabajadores municipales durante ocho meses con fondos del Estado ingresados en cuentas restringidas para la financiación de obras del Plan E. En el escrito de calificación, el ministerio público también pide a la exregidora socialista una fianza de 8,6 millones de euros, el equivalente al dinero que Sánchez usó para abonar la nómina de la plantilla del Ayuntamiento.
El fiscal Manuel Luis Arjona concluye que la entonces edil cometió un delito contra la hacienda pública por “fraude de subvenciones” al ordenar, con los informes técnicos de intervención y tesorero en contra, 11 traspasos de capital de cuentas restringidas para atender obligaciones del Consistorio.
Según se recoge en la denuncia presentada en la fiscalía por la actual alcaldesa, María José García Pelayo (PP), su predecesora en el cargo, entre septiembre de 2010 y mayo de 2011, usó diez millones de euros de los planes anticrisis aprobados por el expresidente Zapatero y de la malograda Ciudad del Flamenco para completar seis mensualidades de la nómina y 1,7 millones más para liquidar facturas con proveedores de servicios públicos, como la ayuda a domicilio. El gobierno de Sánchez iba reponiendo el dinero retirado con arreglo a un plan de tesorería que se interrumpió al finalizar el mandato y celebrarse las elecciones municipales de 2011. En esa fecha, el desfase entre lo retirado de las cuentas restringidas y lo repuesto era de 8,6 millones de euros.
Ese desfase fue trasladado a la fiscalía por el actual gobierno municipal solo tres meses después de que Pelayo llegara a la alcaldía. “No hay ánimo de revanchismo”, aseguró la regidora del PP, quien, según explicó, nada más tocar el sillón consistorial tuvo que responder ante el Estado de los proyectos que no se habían concluido o incluso empezado (Museo de Lola Flores, Escuela de Idiomas o jefatura de la Policía Local) y que el Gobierno central ya había financiado.
La defensa de Pilar Sánchez va a presentar un recurso contra la pena solicitada por el fiscal y está a la espera de que la juez que instruye el caso responda al recurso que a su vez presentó contra la apertura de juicio oral. La defensa entiende que no hay procedimiento penal, toda vez que “el 75% de los fondos del Estado” se destinó a la ejecución de las obras. “Existe un precedente en Zaragoza, donde la Audiencia no inició la vía penal porque la mayor parte del dinero, como es el caso, se destinó al fin para el que se ha concedido la subvención pública”, subrayan fuentes cercanas a la exregidora socialista.
La propia Pilar Sánchez afirmó meses atrás que "volvería hacerlo" si estuviera "en la misma tesitura". "Prioricé el pago de la nómina de la plantilla y otros servicios públicos esenciales en momentos de asfixia total del Ayuntamiento. Siempre hubo un plan de tesorería para reponer el dinero", añadió.
El PP desvió fondos en el Ayuntamiento de La Línea
El Ayuntamiento de Jerez no fue el único que utilizó fondos del Plan E para pagar los salarios de la plantilla municipal. Según el informe del Interventor del Ayuntamiento de La Línea al que ha tenido acceso EL PAÍS, el exalcalde del PP, Juan Carlos Juárez, destinó 3,4 millones de euros de fondos finalistas al pago de nóminas y proveedores. En el informe, con fecha del pasado 4 de octubre, la intervención municipal recoge que el Consistorio linense hizo siete traspasos de capital en los meses de agosto y septiembre de 2009 para sufragar nóminas y facturas de varios acreedores, como Endesa.
A requerimiento del Estado, el Ayuntamiento, gobernado desde 2011 por la socialista Gema Araujo, cumple ahora un plan para devolver las cantidades desviadas que se traduce en más asfixia para las arcas municipales. Según los datos aportados por el Consistorio, hace dos años el Gobierno central ya retuvo a La Línea un total de 719.000 euros de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE). Aún en 2013, la Administración local sigue reponiendo el dinero con nuevas retenciones. La actual alcaldesa, Gema Araújo (PSOE), cumple el plan de pagos pactado con el Estado sin que el desvío de fondos haya llegado a los tribunales. “Hay dos varas de medir”, se quejan desde el PSOE. La Línea recibió del Estado para acometer 20 proyectos con cargo al Plan E un total de 11,2 millones.