El TSJ de Murcia da marcha atrás y renuncia a imputar a Ángel Luna

El fiscal en el 'caso Novo Carthago' espera que avance la investigación

Murcia -

El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha renunciado a imputar por el caso Novo Carthago, de presunta corrupción urbanística, al diputado socialista valenciano Ángel Luna. El parlamentario se vio sorprendido por la intención de llamarlo a declarar como imputado porque fue abogado de la empresa Hansa Urbana en un época en la que estaba alejado de la política en la que se investiga un proyecto urbanístico de esa empres...

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El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha renunciado a imputar por el caso Novo Carthago, de presunta corrupción urbanística, al diputado socialista valenciano Ángel Luna. El parlamentario se vio sorprendido por la intención de llamarlo a declarar como imputado porque fue abogado de la empresa Hansa Urbana en un época en la que estaba alejado de la política en la que se investiga un proyecto urbanístico de esa empresa en la Manga del Mar Menor.

La Fiscalía Superior del TSJRM informará  al magistrado que instruye las diligencias, Manuel Abadía, si cuando concluyan las diligencias advierte algún indicio contra Luna. En ese caso, el competente para imputarle sería el Supremo, según  fuentes judiciales.

Luna dio la cara ante los medios cuando se supo que pretendían imputarle y pidió personarse en la causa. Explicó que su única intervención fue la de asesorar, como abogado, a la inmobiliaria Hansa Urbana en diversos proyectos urbanísticos. Uno de ellos contemplaba la construcción de 3.000 viviendas en un espacio próximo al Mar Menor.

Dentro de las diligencias, hoy han prestado declaración como imputados la arquitecta del ayuntamiento de Cartagena Mónica Lavia y el asesor jurídico del mismo Pascual Lozano, mientras que para el próximo jueves está citado el que era concejal de Urbanismo en este mismo consistorio cuando se aprobó el proyecto, Agustín Guillén.

En estas diligencias, abiertas por la posible comisión de los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, han declarado ya, igualmente como imputados, el consejero regional de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y el exdirector general del Medio Natural Carlos Brugarolas.

El ministerio fiscal considera que estos delitos fueron cometidos al promover una modificación irregular del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales para salvar el obstáculo que suponía para el proyecto la afectación a la zona protegida de Lo Poyo.

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