El fiscal pide que declaren como imputados a 11 consejeros de Sargadelos

La fiscalía ha pedido al Juzgado de Instrucción número 1 de Viveiro que cite como imputados a 11 miembros del consejo de administración de las empresas Fábrica de Cerámica de Sargadelos, SL y Fábrica de Cerámica de O Castro, SL por un presunto delito societario entre 2000 y 2007. El caso parte de la querella de uno de los socios de Sargadelos, Segismundo García, quien acusa a los consejos de administración de ambas entidades de consentir durante siete años el desvío de fondos hacia una tercera sociedad del grupo, el Instituto Galego de Información SA (IGI), a cambio de “facturas falsas”. Entre...

La fiscalía ha pedido al Juzgado de Instrucción número 1 de Viveiro que cite como imputados a 11 miembros del consejo de administración de las empresas Fábrica de Cerámica de Sargadelos, SL y Fábrica de Cerámica de O Castro, SL por un presunto delito societario entre 2000 y 2007. El caso parte de la querella de uno de los socios de Sargadelos, Segismundo García, quien acusa a los consejos de administración de ambas entidades de consentir durante siete años el desvío de fondos hacia una tercera sociedad del grupo, el Instituto Galego de Información SA (IGI), a cambio de “facturas falsas”. Entre los directivos de la sociedad que pide imputar el ministerio público están dos hijos del histórico intelectual galleguista y fundador del grupo, Isaac Díaz Pardo, además del exconsejero de Pescanova Alfonso Paz Andrade, junto a los máximos responsables del grupo.

 Según consta en la denuncia, “desde su fundación IGI ha venido facturando a Fábrica de Cerámica de Sargadelos, SL y Fábrica de Cerámica O Castro, SL importantes cantidades en conceptos diversos”. En la documentación que aporta el querellante al fiscal apunta 1.940.298 euros que Fábrica de Sargadelos supuestamente pagó al Instituto Galego de Información en seis anualidades desde 2000 a 2006. En ese mismo período Fábrica de Cerámica O Castro ingresó también al IGI 1.620.356 euros. La denuncia sostiene que “dichos pagos no se corresponden con servicios reales prestados por el IGI” y apunta a “una situación de desvío de poder y la violación del deber de lealtad en la gestión de intereses patrimoniales ajenos por parte de los consejos de administración que autorizaban esos pagos por la realización de actividades inexistentes”. Señala además que los miembros de los consejos de administración de O Castro y de Sargadalos e Instituto Galego de Información eran en muchas ocasiones las mismas personas, “lo que obviamente facilitaba todo tipo de operaciones opacas y carentes del más mínimo control”. “El resultado de lo expuesto”, continúa la querella, “es que se ha venido disponiendo fraudulentamente los fondos de las sociedades que realizaron los pagos para la financiación irregular de IGI, llevando a Cerámicas O Castro y Fábrica de Cerámica de Sargadelos a una situación de desequilibrio patrimonial que pone en peligro su continuidad”.

El denunciante sostiene que tales prácticas fueron comunicadas por él mismo y por otros socios en diversas juntas generales de ambas sociedades mercantiles. Añade que las mismas empresas que pagaron esas facturas millonarias al IGI también abonaron las indemnizaciones a los trabajadores de esta última sociedad. Y por último la querella advierte de que el fallecido Isaac Díaz Pardo dispuso de la sede del IGI como residencia “sin que haya existido pago o retribución alguna en contraprestación por dicho disfrute”.