La juez rechaza reabrir el caso del metro porque no hay novedades
La asociación de víctimas critica que se sepulte el accidente sin investigación La magistrada dice que los descarrilamientos previos del convoy se conocían
La Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J) encajó ayer con amargura otro revés judicial. La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, que ya archivó el caso en 2007, se reiteró en su decisión de entonces. La magistrada rechazó la petición de la fiscalía de Valencia de reabrir la investigación del accidente de metro del 3 de julio de 2006, donde 43 personas perdieron la vida y otras 47 resultaron heridas porque o no ve novedades en la documentación aportada o le parecen insuficientes para justificar la reapertura de un caso sobreseído. Beatriz Garrote,...
La Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J) encajó ayer con amargura otro revés judicial. La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, que ya archivó el caso en 2007, se reiteró en su decisión de entonces. La magistrada rechazó la petición de la fiscalía de Valencia de reabrir la investigación del accidente de metro del 3 de julio de 2006, donde 43 personas perdieron la vida y otras 47 resultaron heridas porque o no ve novedades en la documentación aportada o le parecen insuficientes para justificar la reapertura de un caso sobreseído. Beatriz Garrote, presidenta de la asociación, lamentó este nuevo archivo sin investigación y anunció que pedirán la nulidad y seguirán buscando argumentos. “No hay voluntad de investigar”, declaró. Contra la decisión de la magistrada cabe recurso del ministerio público.
La Fiscalía de Valencia solicitó el 22 de julio que se revisase el caso de acuerdo con la documentación que aportaron meses antes el partido de los socialistas valencianos y el colectivo Cercle Obert. Entre los documentos que estudió el ministerio fiscal había una carta de un alto cargo de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en la que reconocía que las unidades del modelo del convoy siniestrado se habían quedado antiguas y planteaba su renovación. “Consideramos necesaria la renovación de estos trenes”, concluía este documento, que no se aportó a la investigación en 2006. También se ofrecieron informaciones sobre la existencia de tres descarrilamientos previos de la unidad que volcó entre las estaciones de Plaza España y Jesús. Y argumentaron, por último, que no se valoraron los registros del sistema de frenado.
La juez Molina hace un recuento, en respuesta a la duda planteada por la fiscalía sobre si se hicieron las diligencias suficientes, de todos los informes técnicos que estudió el tribunal, de los que entresaca “como dato objetivo e incuestionable” que al inicio de la curva donde se produjo el descarrilamiento, el convoy circulara a 80,89 kilómetros por hora.
Del informe del perito designado por el tribunal, la magistrada recuerda que el especialista descartó fallos de tipo técnico, que sí valoró los registros del sistema de frenado y que los tres descarrilamientos previos al accidente de 2006 eran conocidos, de hecho, dice la juez, “en diversos medios de comunicación aparecieron noticias referidas a ellos”.
“No cabe la menor duda de que el accidente tuvo por causa la velocidad inadecuada con la que el tren entró en la curva, con independencia del estado del convoy, pues atendiendo a las conclusiones de dos estudios \[vistos por el juzgado\], un tren nuevo, salido de fábrica, volcaría también”, añade la juez Molina en su auto.
De la carta del entonces director adjunto de Explotación de FGV, Vicente Contreras en septiembre de 2005 —10 meses antes del siniestro—, en la que admite la necesidad de comprar 20 nuevas unidades de metro porque las actuales quedaban antiguas, la juez dice que la existencia de dicho documento —el único elemento novedoso— es insuficiente y no justifica la reapertura del procedimiento.
La AVM3J solicitará la nulidad de la decisión porque no se ha dado traslado a las partes de la petición de la fiscalía, aunque técnicamente no está claro. “Es un obstáculo más que hay que ir superando”, manifestó la presidenta. Beatriz Garrote añadió que la investigación que se lleva en los juzgados gallegos sobre el accidente de tren de Santiago, ocurrido el pasado julio, y las decisiones que se están adoptando “nos dan más argumentos y fuerzas”.
El partido de los socialistas valencianos barajaba por la tarde la presentación de una nueva denuncia ante el ministerio público para que se reabra la investigación. “Existían indicios suficientes para que la justicia volviera a examinar todas las pruebas”, argumento la formación política en un comunicado.
La Consejera de Infraestructuras y Territorio, Isabel Bonig, manifestó su “respeto absoluto por las decisiones judiciales” y “su apoyo a las víctimas y sus familiares” del accidente.