Las víctimas del metro esperan que el juzgado confirme la apertura del caso
Las víctimas del metro solicitan personarse en la instrucción como acusación particular La asociación busca recibir "información de primera mano" sobre la investigación La titular de Instrucción número 21 no se ha pronunciado sobre la reapertura
La Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio de 2006 (AVM3J) se ha personado esta mañana en el juzgado número 21 de Valencia como acusación particular en la instrucción que investiga las causas del siniestro ocurrido el 3 de Julio de 2006 en la línea 1 del Metro de Valencia, donde hubo 43 fallecidos y 47 heridos. "Esperamos que la titular del Juzgado de Instrucción número 21 confirme la reapertura del caso", ha dicho la presidenta de la Asociación, Beatriz Garrote, este lunes a las puertas de la Ciudad de la Justicia.
La asociación se persona en la instrucción para "tener informac...
La Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio de 2006 (AVM3J) se ha personado esta mañana en el juzgado número 21 de Valencia como acusación particular en la instrucción que investiga las causas del siniestro ocurrido el 3 de Julio de 2006 en la línea 1 del Metro de Valencia, donde hubo 43 fallecidos y 47 heridos. "Esperamos que la titular del Juzgado de Instrucción número 21 confirme la reapertura del caso", ha dicho la presidenta de la Asociación, Beatriz Garrote, este lunes a las puertas de la Ciudad de la Justicia.
La asociación se persona en la instrucción para "tener información de primera mano y hacer toda la fuerza posible para que finalmente haya un juicio" que esclarezca las causas del accidente y establezca las distintas responsabilidades. "Queremos que haya una instrucción del caso más allá del exceso de velocidad, que no se limite exclusivamente a la curva", ha añadido el abogado de las víctimas, Vicente Baeza.
La AVMJ3 da este paso a la espera de que la titular del juzgado número 21 de Valencia, Nieves Molina, se pronuncie sobre la solicitud formulada el pasado mes de julio por la Fiscalía de que dejara sin efecto el auto de archivo y reabriera las diligencias sobre la investigación del siniestro.
Esa solicitud se argumentaba en que había hechos y datos nuevos, además de otros que en su momento no se valoraron y que pudieron afectar al estado de la unidad siniestrada, según un comunicado de la asociación. Para la Fiscalía, los hechos que se pide investigar de nuevo podrían ser constitutivos de 43 delitos de homicidio por imprudencia profesional y 47 delitos de lesiones por imprudencia profesional, "que no estarían prescritos en atención a las penas que llevan aparejadas".
La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia archivó la causa en febrero de 2008 al entender que la responsabilidad penal había quedado extinguida con el fallecimiento del conductor del convoy accidentado, decisión que fue ratificada dos meses después por la Audiencia Provincial.
La Fiscalía abrió diligencia de investigación penal el pasado mes de mayo a raíz de las denuncias interpuestas por el PSPV-PSOE sobre posibles falsos testimonios de testigos en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre el accidente de metro. En su denuncia, el PSPV-PSOE advertía de que en esa comisión de investigación era posible que personas que testificaron ante ella "faltaran a la realidad inducidos por otros", y pedía por ello una nueva investigación.
Para argumentar esta denuncia, los socialistas entregaron al Tribunal Superior de Justicia valenciano una grabación del programa televisivo "Salvados" de La Sexta sobre el accidente, y las actas de la comisión de investigación, que empezó el 17 julio y concluyó el 4 de agosto de 2006.
Asimismo, el PSPV-PSOE aportó una copia del argumentario, con las preguntas y las respuestas, que elaboró la empresa de comunicación H&M Sanchis para que lo utilizaran los comparecientes de Metrovalencia en la comisión de investigación celebrada en Les Corts Valencianes en el verano de 2006.
La Fiscalía acordó en julio archivar las diligencias por un posible delito de falso testimonio ante la comisión de investigación, "al estar prescritos los hechos y no existir indicios de que se hubiera cometido falsedad documental en los documentos remitidos" a la citada comisión parlamentaria.