El alcalde de Estepona nombra a un imputado como jefe jurídico

El PSOE ha denunciado públicamente la designación como jefe de los servicios jurídicos del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona de un imputado en el caso Astapa, la trama de corrupción política y urbanística destapada en junio de 2008 y que aún continúa en fase de instrucción. Según el secretario provincial de Organización de los socialistas, Cristóbal Fernández,...

El PSOE ha denunciado públicamente la designación como jefe de los servicios jurídicos del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona de un imputado en el caso Astapa, la trama de corrupción política y urbanística destapada en junio de 2008 y que aún continúa en fase de instrucción. Según el secretario provincial de Organización de los socialistas, Cristóbal Fernández, el nombramiento de Andrés Flores ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y está firmado por el alcalde, José María García Urbano, del PP.

Flores, funcionario municipal desde 1995 e imputado por cohecho en el caso que hace cinco años llevó al encarcelamiento del exalcalde socialista Antonio Barrientos, ha ocupado la vacante a través de un proceso de promoción interna en el que ha sido el único candidato, según el Ayuntamiento. Fernández no sólo ha criticado el nombramiento, sino el sueldo de 68.410 euros que percibirá a partir de ahora por estas responsabilidades. "Va a cobrar más que el presidente de la Junta de Andalucía o que un ministro del Gobierno de España", ha aseverado el secretario de Organización del PSOE malagueño.

Fernández ha tachado la nueva situación de "auténtico disparate", ya que se otorgan unas tareas en Urbanismo "a una persona sobre la que recaen muchas sospechas por su labor llevada a cabo en la misma área como técnico". Ha criticado, además, el “doble rasero” del alcalde, que hace un año materializó un expediente de regulación de empleo (ERE) a través del cual fueron despedidos 176 trabajadores municipales. "El mismo PP que todos los meses vota en el pleno de Estepona en contra de la puesta en marcha de un plan municipal de empleo, es el que lleva a cabo este tipo de medidas disparatadas", ha añadido.

El equipo de gobierno popular ha rechazado las acusaciones del PSOE y precisó que Flores "tiene reconocidas sus funciones" como jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo desde noviembre de 2009, situación certificada unos meses más tarde (febrero de 2010) por un decreto firmado por el entonces alcalde socialista y actual portavoz de este grupo, David Valadez. En ese documento se considera "necesario e inaplazable" cubrir el puesto del jefe del servicio jurídico de Urbanismo y se propone para el cargo de libre designación en comisión de servicios a Flores. Valadez ha recordado este martes que cuando llegó a la Alcaldía, tras el estallido de Astapa, retiró las competencias no solo a Flores, sino al resto de empleados municipales imputados, y que trabajó con unos presupuestos prorrogados.

El equipo de gobierno que lidera García Urbano también ha argumentado en un comunicado que Flores no está afectado por ninguna medida cautelar del procedimiento judicial en el que está implicado y que existe una sentencia de mayo de 2011 que declara "contraria a derecho" la resolución que acordaba el cese de este funcionario como jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo.