Castedo busca salvar Ikea con un plan especial
El Ayuntamiento adjudica la contrata de la basura a una UTE de Ortiz por 245 millones de euros
El Plan Rabassa, el megaproyecto urbanístico que contemplaba 13.500 viviendas y un área comercial para albergar Ikea, colecciona reveses judiciales. Tras cuatro sentencias que anulan el proyecto y su tramitación, y varios recursos pendientes, el Ayuntamiento de Alicante busca la fórmula para que la tienda de la multinacional sueca abra pronto en Alicante.
La alcaldesa de Alicante, ...
El Plan Rabassa, el megaproyecto urbanístico que contemplaba 13.500 viviendas y un área comercial para albergar Ikea, colecciona reveses judiciales. Tras cuatro sentencias que anulan el proyecto y su tramitación, y varios recursos pendientes, el Ayuntamiento de Alicante busca la fórmula para que la tienda de la multinacional sueca abra pronto en Alicante.
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, desveló ayer que están estudiando la posibilidad de impulsar una Actuación Territorial Estratégica (ATE) para acelerar la llegada de Ikea. “Es una figura que es mucho más rápida que otra modificación en el planeamiento urbanístico. En principio, se habla de seis meses, pero si son 10, creo que sería todo un triunfo si empezamos a urbanizar”, dijo la regidora.
Precisamente, Esquerra Unida denunció el “burdo intento” de Castedo de, junto con el empresario Enrique Ortiz, intentar paralizar el recurso que presentó esta formación contra el Plan Rabassa. El Ayuntamiento ha remitido al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) un escrito en el que invoca una cuestión de “prejudicionalidad”, y pide que se resuelvan los recursos de casación que se pueden presentar ante el Supremo sobre las dos sentencias que anulan Rabassa. EU lamenta que Castedo “defienda únicamente los intereses de Ortiz”.
Contrata millonaria
Por otro lado, el Ayuntamiento de Alicante aprobó este jueves en una Junta de Gobierno extraordinaria la contrata del servicio de limpieza a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Cespa, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Cívica Construcciones y Contratas e Inusa, por un importe de 254 millones de euros, sin IVA.
Esta UTE, que optó en solitario a la contrata, está participada por el empresario Enrique Ortiz, uno de los principales imputados en el caso Brugal, en el que también está implicada la alcaldesa. Castedo achacó las prisas de la adjudicación en el coste que se estaba pagando “era muy elevado”, y cifró en 40.000 euros diarios el coste adicional de esta contrata.
Y el portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, detectó “puntos oscuros” en esta adjudicación. “Castedo no aceptó nuestra recusación para que no interviniera en la adjudicación por su amistad íntima con Ortiz y lo hizo en una junta extraordinaria y urgente”.