El alcalde de Ourense cambia la norma para elegir a una directora de su confianza

El gobierno de Ourense que preside en minoría el socialista Agustín Fernández no deja un resquicio para el posible pacto con sus exsocios del BNG que le permita sacar adelante el planeamiento urbanístico y otros grandes asuntos pendientes. En contra de la petición de los nacionalistas, que le ofrecían su apoyo si evitaba el nombramiento como directora general de la exconcejala no electa (y secretaria de la agrupación del PSOE local a la que pertenece el propio Fernández) Carmen Rodríguez Dacosta, el alcalde ha convocado la provisión de esa plaza. Fernández ha modificando los requisitos que fig...

El gobierno de Ourense que preside en minoría el socialista Agustín Fernández no deja un resquicio para el posible pacto con sus exsocios del BNG que le permita sacar adelante el planeamiento urbanístico y otros grandes asuntos pendientes. En contra de la petición de los nacionalistas, que le ofrecían su apoyo si evitaba el nombramiento como directora general de la exconcejala no electa (y secretaria de la agrupación del PSOE local a la que pertenece el propio Fernández) Carmen Rodríguez Dacosta, el alcalde ha convocado la provisión de esa plaza. Fernández ha modificando los requisitos que figuraban en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) vigente de forma que la licenciatura en Derecho que se exigía para acceder a la plaza de director general de Recursos Humanos y Servicios Generales fue sustituida por la “competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada” que la socialista acredita: Dacosta asumió la responsabilidad de Personal del Ayuntamiento durante el tiempo que ocupó el escaño de concejala no electa.

La alteración de la RPT ha dado pie al grupo del PP para presentar un recurso de reposición contra la provisión de la plaza. Los populares piden que se dejen sin efecto las bases de la convocatoria que fue publicada la semana pasada en el Boletín Oficial de la Provincia. Los populares reclaman la declaración de la nulidad de pleno derecho del acuerdo.

El alcalde decidió pagar el peaje del gobierno en minoría a cambio de mantener las contrataciones de su hija como personal de confianza y de su jefa de filas en el PSOE local en el Ayuntamiento. Mientras ocupó el escaño de concejala no electa, hasta que el Tribunal Constitucional sentenció la desaparición de estos puestos elegidos a dedo, Dacosta asumió la responsabilidad de Personal en el Ayuntamiento. Tras su renuncia a este escaño fue recolocada por decreto de la Alcaldía como coordinadora del grupo municipal. El regidor ya dejó ver entonces que este puesto sería provisional: duraría hasta su designación como directora general, puesto al que debe acceder mediante concurso público. Los sindicatos denunciaron que durante este tiempo, Dacosta ha seguido coordinando la gestión de Personal, ocupando el mismo despacho de siempre.

Pese a todas las críticas y al coste político, el alcalde se mantiene firme en su decisión. Fernández se ha defendido en todo momento de la acusación de su exsocio de gobierno respecto a este nombramiento destacando que durante los cinco años que duró el bipartito el BNG designó a tres directores generales con procedimientos similares.