La nulidad de Rabassa deja en punto muerto el plan general de Alicante
La PIC exige a la alcaldesa que rescate la propuesta y empiece de cero
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, el principal instrumento que determina el crecimiento urbanístico de cualquier ciudad, está seriamente tocado. Su propuesta estrella, el plan Rabassa, ha recibido un serio revés judicial, con cuatro sentencias contrarias. Por si fuera poco, el propio PGOU motiva una de las piezas del caso Brugal.
Rabassa, el macroproyecto urbanístico en el que el empresar...
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, el principal instrumento que determina el crecimiento urbanístico de cualquier ciudad, está seriamente tocado. Su propuesta estrella, el plan Rabassa, ha recibido un serio revés judicial, con cuatro sentencias contrarias. Por si fuera poco, el propio PGOU motiva una de las piezas del caso Brugal.
Rabassa, el macroproyecto urbanístico en el que el empresario Enrique Ortiz tenía previsto urbanizar más de cuatro millones de metros cuadrados para construir 13.500 viviendas y un área comercial para albergar Ikea, ha sido invalidado. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana anula la adjudicación y la tramitación del plan por carecer de los respectivos informes de impacto ambiental, falta de recursos hídricos y otras irregularidades. “La lógica obliga al Ayuntamiento a empezar de cero y debería retirar también el PGOU”, dijo este jueves José María Perea, presidente de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC), una entidad ciudadana que surgió hace ocho años precisamente por oponerse a ese modelo de “ciudad entregada a la especulación”.
Bonig recordó en las Cortes que Castedo puede “retirar” el plan
Una de las cuatro sentencias contra Rabassa es fruto del recurso contencioso administrativo que presentó la PIC. “Es una victoria de la ciudadanía, y es la mayor derrota que sufre el PP desde que gobierna en Alicante, en 1995”, aseguró Perea, que citó también otras sentencias similares: el PGOU de Castellón, Porxinos o Les Fonts de l’Algar.
Los miembros de la PIC coincidieron en que el escenario y las circunstancias “económicas, políticas y judiciales” ha cambiado desde que, hace más de una década, el exalcalde Luis Diaz Alperi inició la tramitación del PGOU de Alicante. El plan, todavía en tramitación pese al tiempo transcurrido, es el epicentro de una de las piezas del caso Brugal que investiga el TSJ; precisamente sobre el supuesto amaño del documento urbanístico a favor del empresario Ortiz.
Pese a todo, el documento está sobre la mesa de la consejera Isabel Bonig, que recaba los últimos informes. La consejera admitió en las Cortes que el Ayuntamiento de Alicante “puede retirarlo en cualquier momento”. Pero esa no parece que sea la intención del equipo de gobierno del PP que pretende cerrar pronto este farragoso capítulo.
Ortiz presenta dos recursos contra las sentencias que anulan Rabassa
El catedrático de Urbanismo, José Ramón Navarro, recordó que “los políticos, promotores y profesionales que avalan ese urbanismo depredador siguen activos”. El también miembro de la PIC y profesor en la Universidad de Alicante recordó la intención de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, de rescatar Ikea para ubicarla en esta zona.
El Ayuntamiento de Alicante cuenta, por ahora, con el compromiso de la multinacional sueca de instalarse en Rabassa, pero las sentencias obligan a empezar de cero, y diseñar un plan especial con menos viviendas.
La empresa Viviendas Sociales del Mediterráneo, SL, participada por Enrique Ortiz, recurrirá las dos primeras sentencias, según informó Radio Alicante Cadena SER. Si el recurso prospera, puede tardar años en pronunciarse el Tribunal Supremo. Este periódico intentó sin éxito hablar con el promotor para confirmar los términos en los que se presentan estos recursos.