Pacheco denuncia al PP por no cerrar un colegio privado sin licencia desde 2007
El Gobierno municipal asegura que decretó la clausura del centro en abril
El exalcalde de Jerez, Pedro Pacheco, anunció el mismo día que fue condenado por enchufar a dos compañeros de partido en sociedades municipales que llevaría a los juzgados al Gobierno local del PP por una gestión irregular. Entonces solo era una amenaza contra el partido que ejerció la acusación particular en el juicio y que más tarde ...
El exalcalde de Jerez, Pedro Pacheco, anunció el mismo día que fue condenado por enchufar a dos compañeros de partido en sociedades municipales que llevaría a los juzgados al Gobierno local del PP por una gestión irregular. Entonces solo era una amenaza contra el partido que ejerció la acusación particular en el juicio y que más tarde aprobó su expulsión del Ayuntamiento. Menos de tres semanas después, el líder andalucista ha denunciado a los populares en fiscalía.
Su partido, Foro Ciudadano de Jerez, ha acusado a la alcaldesa María José García Pelayo y a dos de sus delegados por la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio y otro contra la Administración pública por mantener la actividad de un colegio privado sin licencia de apertura desde 2007. Se trata del centro educativo Highlands, vinculado a la orden ultra católica de los Legionarios de Cristo.
Un nuevo centro en terreno municipal
El complejo educativo de los Legionarios de Cristo Highlands, en Jerez, fracasó en 2012. El centro, sin licencia de apertura desde 2007, fue ocupado por la escuela Saint Thomas School, de la fundación católica DOM, que absorbió a parte del alumnado sin que conste, según Foro Ciudadano, “cambio de titularidad alguno”.
Lejos de ser sancionado o clausurado, el Ayuntamiento ha cedido de manera gratuita a dicha fundación, apoyada por el obispado de Jerez, una parcela municipal de 20.000 metros cuadrados por un periodo de 50 años para la instalación de un colegio privado que abrirá sus puertas el próximo curso. El Gobierno municipal del PP ha justificado en varias ocasiones la cesión. “La fundación va a hacer una inversión de 10 millones para implantar en la ciudad un centro de calidad que va a generar 100 puestos de trabajo. Que diga la oposición si rechazaría esa inversión”, protesta la alcaldesa María José García Pelayo tras las críticas de PSOE y Foro Ciudadano.
Ambos partidos cuestionan desde marzo al equipo de Gobierno por deshacerse de suelo estratégico de la ciudad para cederlo a una fundación que impulsa “un centro católico y elitista”.
Según la denuncia expuesta por el portavoz de la formación, Raúl Ramírez, dos delegados de Urbanismo del PP ignoraron en marzo de 2012 y abril de 2013 los informes técnicos de Urbanismo que determinaban el cierre de la instalación y dictaron “el archivo de los expedientes” en los que se decretaba “el cese inmediato de la actividad”.
Horas más tarde de hacerse pública la denuncia, el Gobierno local ha explicado en un comunicado que el Consistorio decretó en abril la clausura del centro educativo y remarcó que el cierre “está notificado y en periodo de alegaciones”. Si bien es cierto que, si el 9 de abril el delegado Agustín Muñoz advirtió en un escrito del cese inmediato de la actividad del colegio, seis días después, este concejal, según Foro, “notificó al titular del centro un decreto que declaraba la caducidad y el archivo del expediente de clausura perfectamente instruido por técnicos municipales”.
Esta no es la única anomalía que acumula el colegio. Desde enero de 2011, el Ayuntamiento ha abierto tres expedientes sancionadores a los titulares del complejo por carecer de licencia de obras para acometer una pista polideportiva, así como la instalación de dos módulos para aulas educativas. Para la primera de las actuaciones se impuso una sanción de 50.000 euros que, según Ramírez, “ni siquiera se ha notificado al centro”.
Pelayo ha enmarcado este viernes la denuncia en “una pataleta y una venganza” de Pacheco por la reciente sentencia condenatoria en los tribunales. "Este Ayuntamiento cumple estrictamente la legalidad", se ha limitado a decir la regidora a las preguntas de la prensa