El pleno de Alicante desprecia el informe de fiscalización del Síndic

“El Síndic se equivoca” fue la frase más repetida este miércoles por el edil de Hacienda y portavoz popular en el Ayuntamiento de Alicante, Juan Seva. El equipo de Gobierno de Sonia Castedo dejó claro en el pleno que no está por la labor de aceptar ninguna crítica del informe de fiscalización presentado ante las Cortes por la Sindicatura de Comptes, que advirtió en abril de la existencia de irregularidades en materia municipal de gastos o contratación durant...

“El Síndic se equivoca” fue la frase más repetida este miércoles por el edil de Hacienda y portavoz popular en el Ayuntamiento de Alicante, Juan Seva. El equipo de Gobierno de Sonia Castedo dejó claro en el pleno que no está por la labor de aceptar ninguna crítica del informe de fiscalización presentado ante las Cortes por la Sindicatura de Comptes, que advirtió en abril de la existencia de irregularidades en materia municipal de gastos o contratación durante el 2011, entre otros aspectos apuntados.

Seva realizó todo un ejercicio de desdén hacia la oficina del Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, al que acusó de “sembrar la duda” y “atentar contra la autonomía administrativa” del Consistorio. Tras leer un escrito en el que se sintió levemente nervioso, no admitió las críticas del Síndic, ni las de la oposición. Y por si acaso, afirmó: “Aquí los políticos no hemos hecho absolutamente nada. Solo firmamos los informes que nos pasan los técnicos”.

La oposición, además de denunciar la “autocomplacencia” del PP, no se amedrentó. Fernando Llopis, de UPyD, criticó la ausencia de “un interventor estable” para una gestión de cobros que “da escalofríos”. Miguel Ángel Pavón, de Izquierda Unida, acusó al departamento que dirige Seva de “opacidad y descontrol” y de haber triplicado hasta los 600 euros por habitante la deuda de los alicantinos (en 1995, era de 240 euros). Y el portavoz socialista, Miguel Ángel Ull, propuso la creación de una comisión de investigación con asesoría y tutela de la Consejería de Hacienda o la Generalitat.

Y si el informe del Síndic no fue suficiente para hacer crítica interna, el sumario del caso Brugal tampoco lo fue para establecer la relación de “amistad íntima”, o no, entre la alcaldesa y el empresario Enrique Ortiz, ambos imputados en esta causa. Miguel Ángel Pavón quiso recusar a Castedo por su intervención en los acuerdos de la Junta Local en los servicios de limpieza viaria y de residuos urbanos, servicios prestados por empresas de Ortiz. La alcaldesa se ausentó del pleno durante la sesión.

Tanto IU como la bancada socialista sostuvieron que la relación entre primera edil y el empresario incumple el concepto jurídico de amistad íntima. Como explicaron, esta figura legal establece que ante cualquier relación de amistad o enemistad manifiesta un edil debe abstenerse de una votación en la que la persona en cuestión esté relacionada.

Pavón apuntó a una relación “pública y notoria”, argumento que sostuvo recordando que la base de la defensa de la alcaldesa en el caso Brugal es precisamente esa relación de amistad. “Se ve en las conversaciones recogidas”, expuso al edil en referencia a las escuchas de la policía: “Ortiz llama a Castedo mimosina y ella se despide con un beso bombón. El marido de la alcaldesa está contratado como autónomo por Ortiz, y ella misma ha admitido que la mujer de Ortiz le hace regalos por su cumpleaños”.

El concejal socialista Francisco Marín ahondó en el tema: “Castedo se dirige a él como tronco, han hablado de sus domicilios particulares, han hecho dos viajes a Andorra; ella y su niñera han estado en el yate de Ortiz”. Según Marín, Ortiz desempeña un tercio de los servicios que licita el Ayuntamiento.

Para el vicealcalde, Andrés Llorens, la oposición no aportó “ningún argumento que pruebe esa amistad íntima”. Cariño o bombón, según él, son “palabrería habitual de la alcaldesa”. La recusación fue “desestimada por incierta en su fondo” y la mayoría del PP hizo el resto. PSOE e IU votaron en sentido contrario. UPyD se abstuvo.