Català pone a un antiguo cargo del PP para reducir plantilla en CulturArts

Guillem, expresidente local de Catarroja, asesora a municipios de su partido

María José Català. CARLES FRANCESC

Fue un abogado de su absoluta confianza cuando María José Catalá era alcaldesa de Torrent. Le contrató entonces como experto laboralista externo en diversas causas del Consistorio, y le nombró asesor de varias empresas municipales. Y ahora, siendo ya consejera de Educación y Cultura, Català sigue confiando en los conocimientos de Francisco Guillem, presidente del PP de Catarroja hasta el pasado mes y exportavoz del grupo municipal, al igual que otros cargos públicos populares de la comarca de L’Horta Sud de Valencia.

El despacho que dirige Francisco Guillem, Abogados AIP, radicado en Va...

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Fue un abogado de su absoluta confianza cuando María José Catalá era alcaldesa de Torrent. Le contrató entonces como experto laboralista externo en diversas causas del Consistorio, y le nombró asesor de varias empresas municipales. Y ahora, siendo ya consejera de Educación y Cultura, Català sigue confiando en los conocimientos de Francisco Guillem, presidente del PP de Catarroja hasta el pasado mes y exportavoz del grupo municipal, al igual que otros cargos públicos populares de la comarca de L’Horta Sud de Valencia.

El despacho que dirige Francisco Guillem, Abogados AIP, radicado en Valencia, es el encargado de reducir y ajustar la plantilla de CulturArts Generalitat, conglomerado que aglutina a los institutos y entidades dependientes de la Consejería de Cultura, como Teatres de la Generalitat o los institutos de la Música, de la Restauración o de la Cinematografía.

CulturArts, presidido por la propia consejera María José Català, adjudicó a Francisco Guillem, por un procedimiento negociado sin publicidad, el asesoramiento jurídico para la reestructuración del sector cultural por un importe total de 44.165 euros, con IVA incluido, tal como publicó el periódico on line Valenciaplaza y dio a conocer CC OO.

La resolución fue firmada por el director general del organismo, Manuel Tomás, el pasado 12 de abril y su adjudicación se realizó por debajo de los 44.770 que se habían fijado como importe máximo.

La Consejería de Cultura no informó de esta adjudicación al término de la última reunión del consejo de CulturArts, que tuvo lugar doce días después de la resolución relativa a la adjudicación de CulturArts.

Fue el sindicato CC OO el que emitió un comunicado dos días después advirtiendo de que se estaba iniciando el “redimensionamiento de plantillas” y la “adaptación de condiciones laborales del ente público” con la contratación de asesoramiento jurídico externo.

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Fuentes de CulturArts incidieron ayer en la profesionalidad del despacho de Francisco Guillem, que ha trabajado con clientes como la multinacional Ford o Caixa Rural, y que presta servicios de asesoramiento legal a conocidos futbolistas como el antiguo portero del Valencia CF Santiago Cañizares, entre otros.

Del Ayuntamiento de Torrent, cobró más de 69.000 euros en dos años

Las mismas fuentes explicaron también que todo el proceso de conversión de CulturArts se está llevando de manera muy escrupulosa y con la máxima transparencia. Abundaron en que, al ser una cantidad de 37.000 euros más IVA, no precisaba de la convocatoria de un concurso público, según marca de la Ley de Contratos, sino que era suficiente un procedimiento negociado en virtud de cual se invitan a tres empresas o profesionales de reconocida capacidad a presentarse a la adjudicación, que recibió el visto bueno del informe de la Abogacía de la Generalitat.

Sostienen que el importe de la misma es muy bajo en relación con el objetivo de redimensionar una plantilla de 400 trabajadores, tal y como señalan también fuentes jurídicas.

No obstante, el propósito expresado en su momento por el director general del consorcio cultural, Manuel Tomás es negociar con los comités de empresa las posibles salidas de los trabajadores. Se pretende, según fuentes de CulturArts, alejarse del 40% de reducción de plantilla que anunció la anterior consejera de Cultura, Lola Johnson, lo que soliviantó aún más a los trabajadores de la cultura, ya airados por los profundos recortes presupuestarios en el sector. Por ello se proyectan prejubilaciones, entre otras fórmulas.

A modo de epílogo, fuentes del consorcio añaden que Francisco Guillem ganó la mayor parte de los casos que llevó para el Ayuntamiento de Torrent, en el que sigue colaborando.

En 2010, por ejemplo, el Consistorio presidido entonces por maría José Català realizó pagos a Francisco Guillem por un importe superior, al menos, a 33.000 euros, y en el ejercicio posterior de, al menos, euros por diferentes servicios de asesoramiento y de representación del Consistorio, por decreto de la alcaldía, ante algunas causas.

El abogado trabaja para Xirivella y la Mancomunidad de l’Horta Sud

El portavoz del grupo socialista en Torrent, Andrés Campos, criticó ayer “la falta de ética y moralidad en el gasto de asesoramiento laboral externo, teniendo funcionarios que podrían haber cumplido la función, cuando además hay una vinculación de partido tan clara”. Francisco Guillem fue presidente local del PP en Catarroja desde 2010 hasta mediados del pasado mes de abril, cuando fue sustituido por la actual alcaldesa de la población de L’Horta Sud, Soledad Ramón Sánchez.

Al primera edil de Catarroja preside también desde hace un año la Mancomunidad Intermunicipal de L’Horta Sud, que reúne más de 400.000 habitantes. Esta agrupación voluntaria de unos 19 municipios también ha requerido los servicios de asesoramiento laboral de Francisco Guillem, según fuentes de la propia Mancomunidad.

También fue contratado por otro municipio de la misma comarca Xirivella, donde gobierna el PP desde 2011. El pasado año, el portavoz socialista y exalcalde Josep Soriano denunció el pasado año que el Ayuntamiento presidido por Enrique Ortí contrató a Guillem “por 18.000 euros para que les asesore en materia de personal”, cuando hay personal que podría hacerlo. Según indicaba el decreto de contratación, el despacho contratado prestó funciones de “asesoramiento jurídico en materia de personal, con carácter puntual y una duración de un año”.

El abogado Francisco Guillem no respondió ayer a las llamadas de este periódico a su despacho, ubicado en la calle de Colón de Valencia.

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