Torrejón apaga su teleasistencia
El Ayuntamiento alega una orden inexistente de la Comunidad para retirar el servicio a 400 usuarios sin dependencia
Una carta informaba hace una semana a Ángela Núñez, vecina de Torrejón de Ardoz de 78 años, de que en marzo se le retiraría el servicio de teleasistencia. El interruptor que le acompaña desde hace siete años por si le pasa algo, dejará de colgar de su cuello porque no tiene concedido ningún grado de dependencia. Si quiere seguir disponiendo de este servicio, tendrá que abonar el coste, le especifican en la misiva. Esto supone 22 euros cada mes. A Angelita, como la conocen todos, le pilló por sorpresa: “antes iba a gimnasia gratis y ahora pago, el bonobús ha pasado de cinco a 12 euros, y tambié...
Una carta informaba hace una semana a Ángela Núñez, vecina de Torrejón de Ardoz de 78 años, de que en marzo se le retiraría el servicio de teleasistencia. El interruptor que le acompaña desde hace siete años por si le pasa algo, dejará de colgar de su cuello porque no tiene concedido ningún grado de dependencia. Si quiere seguir disponiendo de este servicio, tendrá que abonar el coste, le especifican en la misiva. Esto supone 22 euros cada mes. A Angelita, como la conocen todos, le pilló por sorpresa: “antes iba a gimnasia gratis y ahora pago, el bonobús ha pasado de cinco a 12 euros, y también me cobran por la chica que limpia en mi casa dos horas a la semana. Ahora esto. ¿Hasta dónde vamos a llegar?”.
La misma carta ha llegado a 400 personas del municipio, según datos facilitados por la oposición, algo que el Ayuntamiento, del PP, no ha confirmado porque no ha respondido a las llamadas de este diario. Antes de verano había unas 900 personas que contaban con este servicio, una primera revisión lo retiró a un centenar. Las mismas fuentes indican que el Gobierno municipal ha decidido restringir la teleasistencia a entre 50 y 100 personas.
El Consistorio argumenta en la carta “la decisión de la Consejería de Asuntos Sociales de limitar el acceso al servicio a personas dependientes con servicio reconocido”. La directora general de coordinación de la dependencia, Carmen Balfagón, asegura que este extremo es falso. Balfagón explica que esta directiva es del propio Ayuntamiento y que el departamento sigue pagando estos servicios “puntualmente” y no ha ordenado retirárselos a nadie. Los Ayuntamientos siguen siendo los responsables de los servicios sociales básicos. El anteproyecto de ley de racionalización de la Administración local contempla que se transfieran las competencias, pero aún no se ha aprobado.
La consejería asegura que existe un convenio con los Consistorios madrileños por el que se les aporta una cantidad para servicios sociales y dependencia, que en el caso de Torrejón es de 800.000 euros. Una portavoz del departamento niega cualquier orden por parte de la Comunidad de restringir este servicio a partir del 31 de marzo a las personas sin uno de los tres grados de dependencia que contempla la ley y alega que este dinero cubre las prestaciones que da el Ayuntamiento.
El portavoz socialista en el Consistorio de Torrejón, Guillermo Fouce, cree que este dinero irá para pagar al personal que se encarga de los servicios sociales, pero que el Consistorio va a recortar recursos: “Es como pagar al bombero pero sin darle agua”. Fouce asegura que el Gobierno de Pedro Rollán no respeta la dependencia porque ha recortado en 450.000 euros el gasto en bienestar social en los nuevos presupuestos.
Núñez puede valerse por sí misma, pero es diabética, hipertensa y tiene artritis en las manos. Vive sola porque sus cuatro hijos se han emancipado. Ha hecho uso del aparato unas cuatro veces, según recuerda ella. Una vez porque se intoxicó con lejía, otra por una subida de tensión. La última de ellas en diciembre, porque se desorientó en la calle. “El interruptor me da seguridad, pero eso no quiere decir que lo esté pulsando todos los días”, explica. Núñez no entiende porqué le concedieron este servicio en su momento y se lo retiran ahora, “cuando soy más mayor y lo necesito más”.
La consejería se puso en contacto con el Ayuntamiento al conocer este caso y pidió “homogeneizar los criterios” para la teleasistencia, un servicio incluido en el catálogo de la ley de dependencia. Balfagón asegura que se revisará con carácter general todos los casos de retirada del aparato a personas mayores que no tengan concedido un grado de dependencia. La directora general cree que es posible se revoque la decisión de retirarle la teleasistencia a Angelita.