Alcaldes de la Vega Baja rechazan el macrovertedero

“Estamos un poco hartos. Hay abierto uno de los casos de corrupción más graves de la historia de la provincia y parece ser que aquí no ha pasado nada”. Es el sentir de los alcaldes socialistas de la Vega Baja ante la posibilidad de que Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal, pueda instalar la planta comarcal de residuos urbanos prevista para Albatera.

Las quejas de los alcaldes socialistas llegan una semana después de que el empresario alicantino presentara ante el Consorcio Provincial de Residuos de la Zona XVII la documentación necesaria para seguir adelante con el proyecto para co...

“Estamos un poco hartos. Hay abierto uno de los casos de corrupción más graves de la historia de la provincia y parece ser que aquí no ha pasado nada”. Es el sentir de los alcaldes socialistas de la Vega Baja ante la posibilidad de que Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal, pueda instalar la planta comarcal de residuos urbanos prevista para Albatera.

Las quejas de los alcaldes socialistas llegan una semana después de que el empresario alicantino presentara ante el Consorcio Provincial de Residuos de la Zona XVII la documentación necesaria para seguir adelante con el proyecto para construir un macrovertedero que le fue adjudicado.

“Se trata de un proceso salpicado por la corrupción y el fraude”, aseguran los alcaldes, entre los que se encontraban el secretario general comarcal socialista, Manuel Pineda (Rafal), Fernando Morales (S. Isidro), Antonio Pérez (Rojales) y la primera teniente alcaldesa oriolana, Antonia Moreno. Los políticos recordaron que aún no disponen de la documentación oficial pese a haberla solicitado a la Diputación por registro.

En Orihuela, de hecho, el Ayuntamiento ha ideado una cláusula anticorrupción para las futuras adjudicaciones de la gestión directa de las basuras en su término municipal. En estos momentos esas tareas recaen sobre Proambiente, la empresa de Ángel Fenoll, imputado también en el caso Brugal y socio de Ortiz en varios proyectos.

Los alcaldes insisten en el silencio de la Diputación (su ex presidente, José Joaquín Ripoll, también está imputado en la causa): “Parece que quieran mirar hacia otro lado cuando este caso está abierto y este proceso está más que confuso. No sabemos nada, ni cuál va a ser el coste ni dónde se levantará”.

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EL PAÍS, Alicante