La presidenta de la Diputación de Alicante fiscalizará la gestión de Ripoll
Luisa Pastor asegura ante el Pleno que "no me temblará el pulso" para investigar Geonet
El escándalo en la gestión de la empresa Geonet, dependiente de la Diputación de Alicante, con pérdidas de 1,6 millones de euros y facturas sin justificar por valor superior a los 100.000 euros, pone en apuros al anterior presidente, José Joaquín Ripoll, imputado en el caso Brugal.La actual presidenta de la institución Luisa Pastor, del PP, que cuando asumió el cargo confesó que no tenía la intención de levantar alfombras, se ha visto obligada a cambiar el paso.
Pastor confirmó ayer, ante el pleno, que ha encargado un informe jurídico para determinar posibles responsabilidades,...
El escándalo en la gestión de la empresa Geonet, dependiente de la Diputación de Alicante, con pérdidas de 1,6 millones de euros y facturas sin justificar por valor superior a los 100.000 euros, pone en apuros al anterior presidente, José Joaquín Ripoll, imputado en el caso Brugal.La actual presidenta de la institución Luisa Pastor, del PP, que cuando asumió el cargo confesó que no tenía la intención de levantar alfombras, se ha visto obligada a cambiar el paso.
Pastor confirmó ayer, ante el pleno, que ha encargado un informe jurídico para determinar posibles responsabilidades, y advirtió de que “no me va a temblar el pulso”. Geonet, que actúa como soporte tecnológico de Suma en la actualización de catastros, llegó a cobrar 12.000 euros anuales a decenas de Ayuntamientos, por servicios que, en ocasiones, no se cumplieron. Entre los gastos sin justificar figuran ágapes en Fogueres, floristería, clases de inglés, varios viajes y 28 líneas de teléfonos móviles, según consta en una auditoria reciente. Ante estos datos, la presidenta de la Diputación ha encargado un informe para determinar responsabilidades jurídicas. Pastor reconoció que la Diputación de Alicante adquirió el 49% de las acciones de Geonet a Cadic, para asumir la totalidad de esta empresa con pérdidas, en base a una “auditoria de 2009” que no detectó los problemas económicos que tenía.
El portavoz socialista, Alejandro Soler, exigió la disolución de Geonet, tras conocer que la compra generó a Cadic una plusvalía de 400.000 euros. Soler recordó que la auditoría de 2011 reveló que Geonet llegó a tener pérdidas por 1,6 millones de euros, detectó pagos de servicios sin justificar y la desaparición de diversos ordenadores, teléfonos móviles y otros bienes propiedad de la empresa. Por su lado, Pastor recordó a los socialistas que la operación de compra del 100% del accionariado de Geonet fue aprobada de “forma unánime” por todos los grupos políticos representados tanto en el consejo de administración de Geonet, como en el de Suma, de la que depende la primera, y en el propio pleno de la institución provincial. “¿Nadie pensó entonces que eso no correspondía?” se preguntó.
La firma, con gastos sin justificar tuvo 1,6 millones de pérdidas
La presidenta recordó que cuando en 2011 se detectó que la empresa tenía problemas se acordó finiquitar al gerente, porque “entendíamos que tenía intereses contradictorios, estaba de gerente de una empresa y a la vez era gerente de la empresa socia de Geonet, por eso se le tiró a la calle de buenas maneras”, tildó Pastor. La presidenta recordó que se destituyó gerente económico, porque al entrar a formar parte enteramente de Suma “se duplicaban los puestos”.
Por su parte, el vicepresidente económico, César Augusto Asencio, también del PP, informó de que la actual corporación puso en marcha un plan de saneamiento de Geonet, con medidas como la reducción del cuadro directivo y de sus retribuciones y el cambio de alquileres, que han posibilitado que esta empresa obtenga unos beneficios cercanos a los 29.000 euros a fecha de 30 de septiembre. Por eso, y frente a la petición del Grupo Socialista de disolver la empresa, Pastor se mostró “convencida” de que Geonet todavía “es una herramienta útil”.
Por otro lado, los socialistas exigieron en el pleno que la Generalitat deje la fundación del Marq por su elevada deuda, más de 3,5 millones de euros, y el PP garantizó la teleasistencia universal gratuita para personas solo en 2013 y a partir de 2014 será de pago para 10.000 ancianos
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