“Si cierran no sé qué haré con mis hijos”

No poder llevar a sus hijos discapacitados a centros especializados sería un golpe tremendo que las familias no podrían asumir. María José Mateo es una madre divorciada que tiene una hija de 38 años que presenta una discapacidad del 75%. Cada día acude a Apadis en Villena donde realiza todo tipo de actividades educativas. “Desde los 6 años que la llevo, pero ahora si suben los precios de la matrícula la tendré que sacar”, admite con resignación. Cada mes paga 190 euros, pero con una madre sin trabajo, y con los únicos ingresos de una pensión de 500 euros poco más puede hacer.

Cristina G...

No poder llevar a sus hijos discapacitados a centros especializados sería un golpe tremendo que las familias no podrían asumir. María José Mateo es una madre divorciada que tiene una hija de 38 años que presenta una discapacidad del 75%. Cada día acude a Apadis en Villena donde realiza todo tipo de actividades educativas. “Desde los 6 años que la llevo, pero ahora si suben los precios de la matrícula la tendré que sacar”, admite con resignación. Cada mes paga 190 euros, pero con una madre sin trabajo, y con los únicos ingresos de una pensión de 500 euros poco más puede hacer.

Cristina Gómez tiene dos hijos, Jorge, de 19 años y con una discapacidad del 72% y Saúl de 24 años, con otra discapacidad del 83%. “Estoy sola, no tengo pareja, y si nos cierran esto no sé qué haré con ellos”, confiesa resignada esta madre que se mudó de Albacete a Villena para que sus hijos acudieran a Apadis, donde son “atendidos por profesionales y aprenden cada día”. El problema es que si cambia el modelo de financiación de estos centros y los impagos se prolongan en el tiempo no podrán aguantar más. “Si cierran retrocedemos más de 40 años y perderemos todos los derechos que hemos conseguido, pero no lo vamos a permitir”, advierte Gómez.

Ruth Martínez otra afectada se lamenta que los políticos “miren más por la salud de los bancos que de las personas”. Todas las madres que acudieron ayer para despedir a la Marcha por la discapacidad coinciden en que a sus hijos no los pueden encerrar en casa como ocurría hace décadas, cuando un disminuido en la familia era motivo de afrenta pública. Luciano Martínez, responsable de Apadis (Asociación para la discapacidad de Villena y comarca) cifra en 450.000 euros la deuda que la Generalitat (entre consejería de Educación y de Bienestar Social) tiene con ellos. “Este caos económico nos está asfixiando, porque nosotros pagamos recibos, luz, agua, facturas y las nóminas pero ya no podemos aguantar más”. Apadis emplea a 85 personas y atiende a unos 230 discapacitados que acuden a las sesiones de atención temprana, al colegio especial, al taller ocupacional o la residencia.