Los depósitos químicos de Arousa, autorizados cuatro días antes del 21-O
Medio Ambiente legaliza definitivamente la polémica instalación de Finsa
Más de 13 años después de que las empresas Finsa y Foresa promovieran la instalación de almacenamiento logístico de sustancias químicas en el puerto de Vilagarcía, la Xunta acaba de aprobar el último trámite para dar luz verde a uno de los procesos administrativos más contestados por asociaciones ecologistas y cofradías de pescadores de la Ría de Arousa. Cuatro días antes de las elecciones autonómicas del pasado 21-O, la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental hizo pública la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que solicitaron las empresas químic...
Más de 13 años después de que las empresas Finsa y Foresa promovieran la instalación de almacenamiento logístico de sustancias químicas en el puerto de Vilagarcía, la Xunta acaba de aprobar el último trámite para dar luz verde a uno de los procesos administrativos más contestados por asociaciones ecologistas y cofradías de pescadores de la Ría de Arousa. Cuatro días antes de las elecciones autonómicas del pasado 21-O, la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental hizo pública la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que solicitaron las empresas químicas en 2009. Un requisito que les permitirá transportar por la ría de Arousa y almacenar tanques atmosféricos de productos petrolíferos (fueloil, gasóleo o gasolinas) y químicos (metanol y parafinas) en las terminales del puerto arousano.
Finsa y Foresa comenzaron a operar a principios de 2000 en estas instalaciones portuarias pero sin contar con los preceptivos informes medioambientales. La oposición de la Plataforma pola Defensa da Ría de Arousa (PDRA), que representa a más de 40 asociaciones y cofradías del entorno, inició un largo proceso judicial que concluyó en 2009 con una sentencia del Tribunal Supremo que declaró nula la autorización concedida por el Gobierno de Fraga el 5 de abril de 2000. El fallo anulatorio se basó en la ausencia, un año antes, del trámite de evaluación de impacto ambiental para analizar la repercusión del proyecto. Aun así, la entonces Delegación Provincial de Pontevedra de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta había autorizado a ambas empresas operadoras de sustancias químicas la prestación de los servicios solicitados.
Un alegato inútil
La oposición de la Asociación para la Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) y la Plataforma pola Defensa da Ría de Arousa (PDRA) para que la Xunta desmantelase los tanques del muelle arousano de Ferrazo ha durado más de una década. Ambos asociaciones, que no se han pronunciado aún sobre esta resolución, lograron que un recurso ante el Supremo obligara a la Xunta a rectificar. Pero, finalmente, sus sonadas movilizaciones y alegaciones fueron inútiles para paralizar la actividad de los depósitos, que consideraban ilegales después de 10 años funcionando sin declaración de impacto ambiental.
Los ecologistas siempre defendieron que la Xunta no podía autoproclamarse como órgano medioambiental cuando no lo había hecho al principio del proceso, por lo que exigieron retrotraer el procedimiento administrativo al punto anterior a la construcción de los depósitos y comenzar de nuevo los trámites, pero no lo lograron. Tampoco pudieron arrancar de los últimos gobiernos de la Xunta un compromiso para negociar con las empresas promotoras un traslado de los depósitos, potencialmente peligrosos para las poblaciones más próximas y para el medio marino, principalmente para el sector extractivo. Adega y PDRA siguen en su compromiso de exigir la protección jurídica para el conjunto de la ría frente a cualquier tráfico de hidrocarburos.
“Con objeto de enmendar el vicio procedimental que ocasionó la anulación de las resoluciones” de la Administración autonómica, la Xunta argumenta en su dictamen que se realizaron consultas previas con diversos organismos y asociaciones. Finalizado el período de consultas se abrió el de alegaciones como la que presentó la Asociación pola Defensa Ecolóxica de Galicia en octubre de 2011 contraria al parque químico.
Las instalaciones y la actividad de ambas empresas “se consideran ambientalmente viables, siempre que se cumplan las condiciones que se establecen en la Declaración de Impacto Ambiental”, señala el decreto de la Xunta de 17 folios. Uno de los más extensos apartados del expediente se dedica a la protección de la atmósfera, en el que admite que “se trata de una instalación potencialmente contaminadora de tipo B” y con altos niveles de ruido generados por el funcionamiento de las bombas, compresores de calderas, carga y descarga de buques y tráfico de camiones para el transporte de productos. La medición de todas las emisiones posibles se llevará a cabo cada tres años, exceptuando las referidas al almacenaje y cargas de gasolinas que todavía no han comenzado a funcionar y que obligaría a hacer una medición a los 12 meses siguientes de entrar en servicio la unidad.
Teniendo en cuenta el ambiente salino del parque de hidrocarburos, “al menos una vez al año será sometido a una inspección visual para detectar posibles daños en bridas y juntas del sistema de conducción de los circuitos de carga y de recogida de vapores”, dice el informe. El otro capitulo clave es la protección de la ría por el vertido de aguas residuales pluviales hidrocarburadas. El DIA establece unos controles analíticos mínimos mensuales según una tabla de parámetros que medirán los niveles químicos. Si las analíticas realizadas durante un año presentan resultados por debajo de los límites del vertido establecidos, la empresa podrá solicitar por escrito la modificación de periodicidad del control.