Los expertos piden acelerar por ley la destrucción de la droga incautada

“Nos estaban avisando de que nos iban a robar. El trasiego de personas es permanente en ese depósito de Cádiz y su uso no se puede compartir. Y ahora todo el mundo escurre el bulto”. Por increíble que parezca, las alertas sobre el riesgo que suponía la droga incautada en esta ciudad habían saltado hacía meses, tal y como resaltan fuentes policiales. Pero la falta de medios impidió reaccionar a tiempo, y la semana pasada desaparecieron 290 kilos de cocaína y hachís del depósito gaditano. De la custodia policial,...

“Nos estaban avisando de que nos iban a robar. El trasiego de personas es permanente en ese depósito de Cádiz y su uso no se puede compartir. Y ahora todo el mundo escurre el bulto”. Por increíble que parezca, las alertas sobre el riesgo que suponía la droga incautada en esta ciudad habían saltado hacía meses, tal y como resaltan fuentes policiales. Pero la falta de medios impidió reaccionar a tiempo, y la semana pasada desaparecieron 290 kilos de cocaína y hachís del depósito gaditano. De la custodia policial, los alijos regresaron al mercado en una operación limpia, realizada tras entrar los ladrones en el depósito llave en mano.

El problema es cíclico. Andalucía, tradicional puerta de entrada de la cocaína y el hachís hacia Europa, sufre esta saturación de fardos que supone una llamada de atención a los ladrones, un problema de salubridad, e incluso una tentación a la corrupción para agentes con sueldos nada boyantes. Málaga, Sevilla, Cádiz… la cascada de ciudades cuyos depósitos han sufrido robos aumenta casi cada año ¿Hay solución para evitar a estos avezados cacos?

Tras la sustracción de Cádiz, el Gobierno central ha firmado un protocolo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Agencia Estatal de Medicamentos y la Fiscalía General del Estado para que el plazo de destrucción de la droga incautada no supere los dos meses. Pero es solo una recomendación, ya que la última palabra es del juez de instrucción. Cada caso es un mundo, y los jueces buscan dar respuesta a ulteriores reclamaciones de los abogados, por lo que a menudo rehúyen la destrucción de la droga, que se eterniza en los depósitos durante años.

Las voces expertas tildan el protocolo de papel mojado y exigen una reforma legal que obligue al instructor a quemar las sustancias. “Salvo que haya una orden motivada, debería imponerse una reforma legal”, pide María José Segarra, fiscal jefe de Sevilla, donde en 2008 desaparecieron 154 kilos de heroína y cocaína de la Jefatura Superior de Policía.

El Ejecutivo central no avanza sus planes al respecto, pero tras caducar un anteproyecto, la reforma podría estar lista a principios de 2013, según fuentes del CGPJ. Ahora las lagunas son varias y graves. “Con el protocolo buscamos que la cadena de custodia quede identificada con reportajes fotográficos. Quién trasladó qué en cada momento”, detalla Manuel Almenar, vocal del Consejo firmante del acuerdo, que comparte con Segarra la reforma legal como la solución definitiva. El presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, remacha: “Una reforma legal sería el espaldarazo definitivo para un plazo ponderable”. El Consejo pretende presionar a los jueces a través de los decanatos tras recibir las peticiones para la quema desde la fiscalía, la policía o la Guardia Civil.

De momento, la amenaza de robos sigue latente mientras los agentes de la lucha antidroga piden un horno crematorio en Andalucía que eviten los costosos traslados de la droga hasta Asturias. Antes una cementera de Jerez permitía la quema esporádica de alijos, pero la empresa cerró el grifo de la colaboración. Sin embargo, los agentes piden sobre todo la colaboración de los jueces, porque lo habitual es que un alijo esté entre dos y cuatro años bajo custodia policial. Y a veces hasta ocho y 10 años. “Convertir 400 kilos en 400 gramos es muy sencillo, pero hay que molestarse en levantar actas y hacer contraanálisis. Simplemente es voluntad y que el juez y las partes quieran hacerlo”.

Mientras, los jueces de instrucción reconocen la falta de coordinación que se pule muy poco a poco. “Si aplicas la ley, lo puedes hacer [la destrucción], sin duda. Te la juegas, pero lo puedes hacer”, admite uno de ellos. Pero también reparte responsabilidades. “La misma policía también es culpable. Nos interesa más los detenidos que la sustancia. No debe ser una coletilla el deber de especificar los fardos”, añade este juez.

Ante las precauciones tomadas por ladrones que se saben vigilados, la resolución de estos casos es muy compleja. Y recuperar la droga, casi imposible. Solo el robo en la Jefatura de Sevilla contó con detenidos. Los otros tres carecen de culpables y alijos.