Promotores aplauden la creación del ‘banco malo’
Su presidente, Benito Iglesias, aseguró que esta medida permitirá poner fin a las “malas prácticas de algunas entidades financieras”
La aprobación del banco malo, que gestione los activos inmobiliarios tóxicos, prevista para el Consejo de Ministros de este viernes, ha sido aplaudida por la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), que ve en su creación una “gran oportunidad” para el sector. Los promotores ya han pedido al Fondo de Reestructuración Ordenada (FROB) que cuenten con ellos para la comercialización de esos activos.
La asociación reconoció ayer en un comunicado que “la experiencia y el profundo conocimiento del mercado de la vivienda en Galicia” de sus agentes, les permitirá “rentabili...
La aprobación del banco malo, que gestione los activos inmobiliarios tóxicos, prevista para el Consejo de Ministros de este viernes, ha sido aplaudida por la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), que ve en su creación una “gran oportunidad” para el sector. Los promotores ya han pedido al Fondo de Reestructuración Ordenada (FROB) que cuenten con ellos para la comercialización de esos activos.
La asociación reconoció ayer en un comunicado que “la experiencia y el profundo conocimiento del mercado de la vivienda en Galicia” de sus agentes, les permitirá “rentabilizar y agilizar la venta de estos activos” tóxicos. Su presidente, Benito Iglesias, aseguró que esta medida permitirá poner fin a las “malas prácticas de algunas entidades financieras”, y mostró su conformidad con que esas entidades nacionalizadas no puedan gestionar la venta de sus propios bienes inmobiliarios.
Por otro lado, los sindicatos de Novagalicia Banco, una de las entidades nacionalizadas, criticaron al Gobierno por su falta de información sobre la nueva figura y temen que su creación se traduzca en una transferencia al nuevo banco de los cerca de 400 trabajadores de la plantilla que ya se dedica a la gestión de esos activos. En concreto, la preocupación se centra en lo que ocurrirá con los empleados cedidos, una vez que se acabe el plazo de diez años previsto para la venta de los activos dañados.