De Andrés culpa de la polémica sobre el tranvía a una “irregularidad” de Agirre
Asegura que Álava atenderá mejor en dependencia que Bizkaia y Gipuzkoa
La bronca por la financiación de la extensión del tranvía de Vitoria a Abetxuko entre Vitoria, Álava y el Gobierno vasco y la negativa de la Diputación a pagar su parte alcanzó ayer al equipo del anterior diputado general, Xabier Agirre. El actual, Javier de Andrés, reconoció que sí existe firmado un convenio —algo que semanas atrás negó— “irregularmente” en 2010, ya que este ni pasó por las Juntas Generales para lograr su autorización, ni tuvo la debida consignación presupuestaria ni tan siquiera el visto bueno del Consejo de Diputados del ...
La bronca por la financiación de la extensión del tranvía de Vitoria a Abetxuko entre Vitoria, Álava y el Gobierno vasco y la negativa de la Diputación a pagar su parte alcanzó ayer al equipo del anterior diputado general, Xabier Agirre. El actual, Javier de Andrés, reconoció que sí existe firmado un convenio —algo que semanas atrás negó— “irregularmente” en 2010, ya que este ni pasó por las Juntas Generales para lograr su autorización, ni tuvo la debida consignación presupuestaria ni tan siquiera el visto bueno del Consejo de Diputados del ente foral.
“Alguien firmó un convenio para el que no estaba autorizado”, señaló, en referencia al propio Agirre, cuya rúbrica, de noviembre de 2010, aparece junto a la del entonces alcalde de la ciudad, Patxi Lazcoz, y el consejero de Transportes, Iñaki Arriola. “Los compromisos no los adquiere el diputado general, los adquiere la Diputación foral de Álava, y para eso el diputado tiene que estar autorizado; si no lo está, está firmando algo que no tiene validez”.
No hay ni dinero para pagar en las arcas y, si lo hubiera, tampoco habría un soporte legal para hacerlo, explicó. “No voy a hacer nada ilegal porque alguien se haya equivocado”, insistió.
El diputado general reconoció que está en conversaciones con Transportes, que hace semanas alzó la voz para denunciar que el ente foral no había pagado lo que estaba previsto, para tratar de solucionar el problema. Aseguró que de ningún modo será Vitoria quien tenga que pagar 1,1 millones de euros que correspondían según el convenio de 2010 a la Diputación, algo a lo que el Gobierno vasco apuntó en un principio como solución y a lo que el Consistorio de la capital se ha opuesto con dureza.
De Andrés cargó contra el PNV porque “quienes ahora están metiendo prisa a la Diputación para que pague al Gobierno vasco no tuvieron la misma prisa para tramitar y consignar el dinero”.
Por otro lado, aseguró que en septiembre estará listo el estudio sobre cómo aplicarán los recortes de la Ley de Dependencia. No habrá una “traslación automática” de lo dictado por el Gobierno central de su propio partido, detalló, y Álava tendrá “mejores servicios” que España y que Bizkaia y Gipuzkoa, pese a que esta última ha anunciado que no aplicará los recortes. El punto de partida de la provincia alavesa es mejor, explicó, y tras la aplicación de los cambios los servicios “seguirán siendo superiores”.
A su vez, en el último consejo de Gobierno foral se dispuso la posibilidad de que una entidad lcal del territorio, dada su situación presupuestaria y financiera, pueda solicitar a la Diputación un plan de viabilidad para responder tanto al mantenimiento ordinario de los servicios públicos esenciales como al pago de su carga financiera.
Con el fin de coordinar ambas normas, se ha aprobado un decreto para que aquellas entidades locales con sus planes de viabilidad aprobados por la vía anterior, opten al nuevo mecanismo de financiación. Para ello, cada entidad local deberá contar con una relación certificada de todas las deudas que mantenga, especificando cada una de las obligaciones pendientes de pago con independencia de que la operación de endeudamiento se extienda a todas o a parte de dichas deudas. La operación de endeudamiento tendrá un plazo máximo de amortización de 15 años.