La juez de los ERE rebaja la fianza al chófer que denunció el consumo de coca

Mercedes Alaya, la juez que investiga los ERE irregulares, ha rebajado la fianza impuesta a Juan Francisco Trujillo, chófer del exdirector general de Empleo Javier Guerrero. Este implicado en el caso denunció el  consumo de cocaína y el gasto de dinero público en fiestas por parte del ex alto cargo. Trujillo podría salir de la cárcel si deposita 75.000 euros en los juzgados, la mitad de los 150.000 impuestos ini...

Mercedes Alaya, la juez que investiga los ERE irregulares, ha rebajado la fianza impuesta a Juan Francisco Trujillo, chófer del exdirector general de Empleo Javier Guerrero. Este implicado en el caso denunció el  consumo de cocaína y el gasto de dinero público en fiestas por parte del ex alto cargo. Trujillo podría salir de la cárcel si deposita 75.000 euros en los juzgados, la mitad de los 150.000 impuestos inicialmente. El chofer había pedido la libertad sin fianza.

La juez ha justificado su decisión en que, además de no tener bienes ni dinero, ha pasado un mes y medio desde que autorizó la salida de la cárcel de Trujillo sin que haya sido capaz de reunir el dinero. El chófer permanece  en prisión desde el 22 de marzo por percibir presuntamente 1,3 millones de euros en ayudas públicas para sus empresas sin actividad.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción, como ya hizo la Audiencia, se ha opuesto a la petición del exconsejero de Empleo Antonio Fernández de que se rebaje la fianza de 450.000 euros impuesta para salir de la cárcel, donde se encuentra desde el 24 de abril.

Fuentes del caso han informado de que la Fiscalía, en un escrito entregado a la juez Mercedes Alaya, se ha opuesto tanto a la rebaja de la fianza como a la alternativa ofrecida por el abogado de Fernández de que se pueda depositar en forma de avales y no en dinero en efectivo.

Por otro lado, la juez ha emitido un auto en el que rechaza el recurso contra su imputación presentado por el ex director general de Trabajo Daniel Rivera, que declaró hace dos semanas, y enumera diez aspectos que demostrarían que tuvo conocimiento de las ayudas irregulares y, pese a ello, no lo denunció ni las interrumpió.

Alaya aprovecha la referencia del ex alto cargo en su recurso al impacto que está teniendo en los medios informativos el caso para afirmar que “lamenta la situación en la que pueden encontrarse Rivera y los otros 59 imputados en la causa “por la difusión excesiva de la misma, provocada en muchos casos por las comuniaciones interesadas de algunas de las partes”. Filtraciones, dice, “contrarias frecuentemente a la realidad, que dan a la presente investigación un aspecto novelesco o de serial televisivo, completamente alejado del interés de los que intervenimos en la instrucción”.