Geriátrico municipal sobre fincas usurpadas a los vecinos

El último ladrillo del centro de día de Pereiro de Aguiar (Ourense) se puso en febrero de 2008 pero la residencia sigue cerrada a cal y canto.  Tras una inacabable polémica sobre la ausencia de depuradora y una inversión global de 1,5 millones de euros, ahora una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ourense establece que el Ayuntamiento lo edificó sobre suelo que no es suyo. El fallo judicial que no había trascendido lleva fecha del 22 de marzo de 2012 y ratifica el acuerdo que un año antes había adoptado el Jurado Provincial de Calificación de montes vecinales qu...

El último ladrillo del centro de día de Pereiro de Aguiar (Ourense) se puso en febrero de 2008 pero la residencia sigue cerrada a cal y canto.  Tras una inacabable polémica sobre la ausencia de depuradora y una inversión global de 1,5 millones de euros, ahora una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ourense establece que el Ayuntamiento lo edificó sobre suelo que no es suyo. El fallo judicial que no había trascendido lleva fecha del 22 de marzo de 2012 y ratifica el acuerdo que un año antes había adoptado el Jurado Provincial de Calificación de montes vecinales que otorgaba la propiedad del terreno —situado muy cerca de la ermita de Nuestra Señora de Os Gozos donde se celebra la tradicional romería— a los vecinos.

El fallo recrimina al jurado provincial que tras otorgar el terreno a los vecinos en una primera resolución de julio de 2009 aceptase sin más un recurso del Ayuntamiento de Pereiro de Aguiar que reclamaba la propiedad del monte. El juez descalifica ese cambio de opinión del jurado y señala “su patente falta de motivación”. Detalla que es “extraordinariamente parca e impide conocer las razones que han llevado al mismo para modificar su acuerdo previo, no dando ninguna explicación de su cambio de parecer”. En su contundente escrito, el juez endurece el reproche al jurado que se puso del lado del alcalde popular de Pereiro de Aguiar en los siguientes términos: “Tan solo hace referencia a las posiciones de ambas partes [el Ayuntamiento y los comuneros] en relación con la clasificación, pero sin analizar las mismas, estudiar las alegaciones realizadas, valorar las pruebas, ni tampoco realizar fundamentación alguna para amparar la resolución finalmente dictada. Lo único que señala es que el jurado no puede dilucidar cuestiones de propiedad como aparente justificación de su decisión”.

Tras escribir todo lo anterior, la sentencia concluye: “Siendo indiscutible, la falta de motivación del recurso de reposición [que dio la razón al Ayuntamiento en detrimento de los comuneros], la solución no puede ser otra que declarar la nulidad de dicha resolución”. El fallo devuelve la titularidad de las tierras sobre las que se asienta la residencia a los vecinos y pide al Ayuntamiento que reclame en los juzgados si considera que las tierras le pertenecen.

Es el último percande de una azarosa tramitación administrativa que comenzó en 2003 en virtud de un convenio entre la Xunta que por entonces presidía Manuel Fraga y el ayuntamiento ourensano ya por entonces gobernado por el popular Eliseo Fernández, en el poder desde 1987. Han pasado nueve años desde que aquellos dos gobiernos del PP iniciaran las gestiones para levantar una residencia que prestase servicio a los mayores y dependientes del ayuntamiento con una población muy envejecida.

Socialistas y nacionalistas llevan años urgiendo al Gobierno municipal a poner en marcha la infraestructura que sigue abandonada a la espera de que se resuelva la burocracia administrativa. Fue antes de que se enredase la cuestión de la propiedad de los terrenos que reclaman vecinos de las parroquias de Os Gozos, Pedraio y A Peneda. Desde 2009, el grupo parlamentario socialista a través del diputado Pablo López Vidal presentó una batería de preguntas en la Cámara Autonómica para que la Xunta explique qué tipo de gestiones pensaba realizar para solventar el problema.