“Me dijo que me echaría quisiera o no”

Rosa Talón, convertida en símbolo de la lucha vecinal en el barrio del Clot de Barcelona, relató ayer ante el juez el calvario que padece desde hace más de 20 años a manos, presuntamente, del propietario de su finca. El hombre, José Ramón B., de 72 años, afronta una petición de tres años de cárcel por mobbing (acoso inmobiliario). En su declaración, el acusado admitió que pretendía que la mujer abandonara el piso, en la calle de Rogent, “obviamente por las perspectivas económicas y por el riesgo que suponía estar allí”.

Talón, que desde 2003 no tiene suministro de agua en el pi...

Rosa Talón, convertida en símbolo de la lucha vecinal en el barrio del Clot de Barcelona, relató ayer ante el juez el calvario que padece desde hace más de 20 años a manos, presuntamente, del propietario de su finca. El hombre, José Ramón B., de 72 años, afronta una petición de tres años de cárcel por mobbing (acoso inmobiliario). En su declaración, el acusado admitió que pretendía que la mujer abandonara el piso, en la calle de Rogent, “obviamente por las perspectivas económicas y por el riesgo que suponía estar allí”.

Talón, que desde 2003 no tiene suministro de agua en el piso —el único que queda habitado de un edificio enorme— explicó que el hombre la amenazó con echarla de allí “quisiera o no”. La versión del acusado fue muy distinta: relató que intentó llegar a un acuerdo con la inquilina, pero que fue imposible porque esta le exigió una indemnización de 40 millones de euros.

Según la fiscalía, José Ramón es autor de un delito de coacciones por cortar el suministro de agua a Talón y negarse a hacer reformas en la finca, que se encuentra en un estado ruinoso. Desde 1985, cuando se hizo cargo del inmueble, la finca ha sufrido desprendimientos de los balcones, goteras y grietas en las paredes. En 2002, el Ayuntamiento obligó al dueño a hacer reformas. La mujer afirmó que sigue viviendo en los bajos, donde regenta, además, una tienda de cestos. Según su relato, el propietario estuvo 14 años sin cobrarle el alquiler para provocar el desahucio por impago. El acusado justificó que Agbar cortara el suministro porque la mujer dejó de abonar las facturas correspondientes.