El portavoz parlamentario del PP, a un paso de la imputación
La oposición exige la destitución de Blasco
La trama de corrupción organizada en la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía en los años 2008, 2009 y 2010, cuando Rafael Blasco fue el responsable del departamento, salpicará judicialmente al actual portavoz parlamentario del PP en las Cortes Valencianas. Fuentes próximas a la investigación señalan que la imputación de Blasco será un hecho en breve. Esa decisión obligará a trasladar el caso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dado que es diputado y, por tanto, está aforado. La juez Nieves Molina evitó...
La trama de corrupción organizada en la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía en los años 2008, 2009 y 2010, cuando Rafael Blasco fue el responsable del departamento, salpicará judicialmente al actual portavoz parlamentario del PP en las Cortes Valencianas. Fuentes próximas a la investigación señalan que la imputación de Blasco será un hecho en breve. Esa decisión obligará a trasladar el caso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dado que es diputado y, por tanto, está aforado. La juez Nieves Molina evitó citar ni siquiera una vez a Blasco en el auto de febrero que dio pie a las detenciones, pero el sumario está lleno de indicios que implican al exconsejero.
Las revelaciones del escándalo de las ayudas de cooperación, y especialmente, la connivencia que la investigación ha revelado entre Blasco y los imputados por la trama que saqueó fondos de cooperación al desarrollo, desencadenó este miércoles en el Parlamento un clamor de la oposición para que Blasco dimita o sea apartado de su cargo de portavoz.
Las dos diputadas que presentaron ante el fiscal Anticorrupción las denuncias que darían pie a la investigación judicial del caso de las subvenciones de cooperación, Clara Tirado, del PSPV-PSOE, y Mireia Mollà, de Compromís, fueron especialmente contundentes en su reclamación de que Blasco deje de ser portavoz del PP.
Tirado exigió al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que “cese inmediatamente a Blasco como portavoz del grupo que sostiene al Gobierno”. La parlamentaria añadió: “El sumario del caso confirma absolutamente todo lo que desde el Grupo Socialista hemos denunciado desde el primer día. No solo en cuanto a las cuantías y a los importes que se han desviado de los fondos que se debían destinar a cooperación internacional, sino también sobre la operativa y el procedimiento que utilizaban el señor Blasco y la trama en torno a él como máximo conspirador y urdidor”.
La diputada socialista señaló que Blasco “mintió desde el primer día cuando dijo que dimitiría si había algún tipo de irregularidad en este asunto; cuando dijo que los expedientes de la cooperación valenciana estaban perfectos; y cuando dijo que había a su alrededor gente muy honorable como el señor Felip —el ex director general de Cooperación, ya destituido— que ahora sabemos que han sido sus máximos colaboradores para urdir y organizar esta trama absolutamente indecente”.
Vinculado a la trama
Por su parte, Mollà hizo hincapié en que el PP “no puede negar ni un minuto más la vinculación directa del que era consejero de Solidaridad y Ciudadanía, que hoy dirige el Grupo Parlamentario Popular, con el entramado corrupto”. “El señor Blasco negó sistemáticamente —y nos amenazó con ir a los tribunales por ello— las informaciones que le vinculaban con los señores de la trama corrupta”, destacó.
La parlamentaria de Compromís indicó que Blasco “negó sistemáticamente que tuviera relación alguna con la misma, pero ahora las conversaciones que salen en el sumario lo vinculan directamente, incluso orientando sobre la capacidad que tenía el entramado de seguir con sus corruptelas y favoreciéndose de las Administraciones”.
También la diputada de EU Marina Albiol exigió la dimisión de Blasco y calificó de “lamentable escuchar cómo gente de nuestro Gobierno habla en clave, con seudónimos, como si de una banda criminal se tratara”.
Blasco, que eludió hacer declaraciones, señaló en un comunicado que no está imputado en el caso y acusó a la oposición de practicar una “cacería política”. El exconsejero insistió en que la actuación de su departamento fue “ajustada a Derecho”.